Derecho a la Revisión de la Condena VS Juicio por Jurados en el Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal de Río Negro. Por Maria Rita Custet Llambi
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María Rita Custet Llambi, Defensora General.

La Defensora General del Poder Judicial de Río Negro, Dra María Rita Custet Llambi, emitió su opinión en relación al juicio por jurados, que se prevé en el Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal.

I.- El juicio por jurados en su versión clásica, tal como está previsto en el Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal elevado para tratamiento en única vuelta a la Legislatura Provincial, analizado a la luz del derecho de rango constitucional establecido por el art. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(1) no supera, a mi entender, el control de constitucionalidad.

El sistema de juicios por jurados proyectado no sólo sustrae del ámbito judicial la función jurisdiccional -que ha sido asignada por nuestra Constitución provincial exclusivamente al Poder Judicial- (2) sino se torna en obstáculo para el ejercicio, por parte de los imputados, del derecho a la revisión de las condenas.

El proyecto prevé el juzgamiento obligatorio por jurados populares de aquellos casos en los cuales la pena requerida por el fiscal supere los doce años de prisión. Asimismo prevé que el jurado se expedirá en secreto mediante veredicto sobre dos puntos a) si esta probado o no el hecho en que se sustenta la acusación y b) si es culpable o no el acusado. Como toda razón del decisorio el proyecto establece que deberá constar la trascripción de las instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones aplicables al caso y el veredicto del jurado(3).

La vía recursiva prevista para las sentencias condenatorias emitidas como consecuencia de un juicio de jurados populares se encuentra prevista en un artículo que establece como motivos "especiales" para su interposición a) la inobservancia o errónea aplicación de las reglas referidas a la constitución y recusación del jurado y a la capacidad de sus miembros, b) la arbitrariedad de la decisión que rechace medidas de prueba, contra la cual se hubiese hecho la correspondiente reserva en la oportunidad del rechazo y c) cuando se hubieren cuestionado las instrucciones dadas al jurado y se entendiera que éstas pudieron condicionar su decisión (4). La norma remite, a su vez, a los artículos anteriores que determinan la viabilidad de la impugnación por defectos formales o sustanciales de la sentencia (5).

II.- Hecha las referencias correspondientes al modelo proyectado no puedo dejar de advertir que si bien es cierto que en la Constitución Nacional desde 1853 se prevé el juicio por jurados, no menos cierto es que con la evolución constitucional y convencional se contrapone a la implementación proyectada la garantía que tiene todo imputado, en el marco de su derecho de defensa, al recurso amplio contra la condena impuesta.

Cabe recordar que el art. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho de todo inculpado a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior y que el mismo ha sido calificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como imperativo constitucional(6).

Resultan máximos intérpretes de dicha Convención regional la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ambos organismos se han expedido invariablemente sobre la obligación de los estados de respetar dicha garantía (7).

Considero clarificador citar las pautas mínimas que debe respetar el Estado Argentino, en orden a garantizar el derecho a la revisión de las condenas, y que fueran expuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de este año al poner bajo jurisdicción de la Corte Interamericana el caso Mohamed(8) contra nuestro país, al que se acusa de incumplir la obligación de garantizar el derecho a la revisión de los fallos condenatorios.

En el informe del citado caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza cuál es el alcance del derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, reconocido por el artículo 8.2.h de la Convención, y determina que:

a)resulta una obligación ineludible de los Estados partes garantizar el doble conforme de las sentencias condenatorias por un tribunal superior (9).

b)el derecho a la revisión comprende el acceso a un recurso oportuno, eficaz y accesible (10).

c)tal garantía debe rodearse de otras garantías procesales tales como el derecho a una sentencia debidamente fundada y actas completas del juicio en casos de sistemas orales (11).

d)el recurso debe resultar amplio y no quedar limitado al error en la aplicación de la ley sino que incluye otros aspectos a rever como la determinación de los hechos o los criterios de valoración probatoria (12).

e)resulta indiferente a los fines del reconocimiento del derecho a la revisión sí se

trata de una condena impuesta en única, primera o segunda instancia (13).

El informe también cita la posición del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el que se ha manifestado en idéntica forma en relación al alcance del art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicho Comité sostiene que se impone al Estado Parte la obligación de revisar sustancialmente el fallo condenatorio y la pena, en lo relativo a la suficiencia tanto de las pruebas como de la legislación, de modo que el procedimiento permita tomar debidamente en consideración la naturaleza de la causa. Una revisión que se limite a los aspectos formales o jurídicos de la condena solamente no es suficiente a tenor del Pacto (14).

Ambos organismos internacionales coinciden en que lo que exige la norma (arts. 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) es la posibilidad de señalar, criticar y refutar los argumentos de la sentencia en orden a obtener respuesta sobre diversos errores que hubiera podido cometer el juez o tribunal, incluyendo errores sobre el hecho, el derecho y la valoración y recepción de la prueba. (15).

En cuanto al sistema procesal el informe de marras expresa que la Convención Americana no acoge un sistema procesal penal en particular. Cada Estado podrá elegir su sistema procesal siempre que respeten las garantías establecidas en la propia Convención (16).

III.- El proyecto en cuestión no se ajusta a los parámetros constitucionales y convencionales expuestos. Por cuanto no cabe sino concluir que la sentencia no resultará fundada si sólo se transcriben las instrucciones dadas al jurado y el veredicto. Los veredictos no resultan motivados en tanto el jurado, una vez realizado el debate, resolverá por la afirmativa o por la negativa en cuanto a la existencia del hecho y en cuanto a la culpabilidad.

La mención en la sentencia de las instrucciones dadas al jurado y su veredicto no exponen de manera alguna el iter de razonamiento que ha seguido aquél respecto de las pruebas rendidas y su valoración y que han llevado al mismo ha expedirse de una u otra manera. Las instrucciones son sólo eso: instrucciones. Pero nada nos indicará certeramente cómo el seguimiento o apartamiento de las mismas (si es que se siguieron o no, cuestión que no se podrá tampoco comprobar) ha derivado -razonadamente conforme las constancias de la causa en el marco de la legalidad vigente- en el veredicto.

Resulta entonces que la garantía referida es violentada flagrantemente si la motivación de la condena es obviada. Es decir, sí quien condena no explicita las razones que lo llevaron a emitir un fallo condenatorio.

Analizado el proyecto de marras en el marco de la garantía señalada surge una cuestión no menor ¿cómo podrá defenderse el imputado condenado, conforme las garantías que le son reconocidas por los instrumentos internacionales referidos, de una resolución condenatoria emitida por un jurado que no da razones de sus decisiones?

Cualquier observador podrá advertir que mas allá del sistema que se adopte resulta requisito ineludible la motivación del fallo condenatorio a fin de que sea factible la refutación por el condenado y la revisión por un tribunal superior conforme los amplios extremos revisables.

No resulta posible cuestionar la sustancia de la condena sino se expresan los motivos que llevan a determinar la existencia del hecho y los criterios de valoración probatoria. La garantía del doble conforme, cuyo fin es evitar sentencias injustas, queda entonces lesionada en tanto no se podrá revisar la errónea valoración de los hechos (que depende de cómo se han aplicado las reglas jurídicas que se imponen para formular esa valoración) y que acarrea, en consecuencia, una incorrecta aplicación del derecho.(17)

La resolución del caso tendrá como todo fundamento un veredicto basado en la íntima convicción del jurado. Sin perjuicio de resultan inválidas las sentencias que deriven de la íntima convicción por no fundamentarse racionalmente lo cierto es que, en el orden práctico, el condenado jamás tendrá conocimiento de cuál fue el razonamiento que derivó en un veredicto condenatorio y por ende, jamás podrá refutar dicha decisión que, demás esta decir, restringirá sus derechos fundamentales sin dar razón para ello mediante un "acto arbitrario de poder" conforme los propios términos de la Corte Suprema.(18)

Tal arbitrariedad no queda saneada por la constitución de un jurado popular y ni por resultar su veredicto emitido por una mayoría especial, porque sabido es, que un Estado Constitucional de Derecho impone el imperio de la Constitución Nacional a los poderes del Estado en favor de todos los ciudadanos, especialmente frente a la mayorías.

En ese sentido, sostiene Ferrajoli, que es la fundación sobre la verdad (verdad procesal que exige la verificación de la hipótesis acusatorias y la posibilidad de su refutación por parte de la defensa) la fuente de la legitimación especifica de la jurisdicción. Por ello, expresa el autor, las sentencias exigen "motivación fundada en argumentos cognoscitivos sobre los hechos y recognoscitivos sobre el derecho, de cuya aceptación como 'verdaderos´ depende tanto la validez o legitimación jurídica interna o formal como la justicia o legitimación política, externa o sustancial de las mismas". Agrega, "no se puede castigar a un ciudadano solo porque ello corresponda a la voluntad o a los intereses de la mayoría. Ninguna mayoría, por muy aplastante que sea, puede legitimar la condena de un inocente o la absolución de un culpable... En un sistema penal garantista, el consenso mayoritario, o la investidura representantiva del juez no añaden nada a la legitimidad de la jurisdicción, dado que ni la voluntad ni el consenso o el interés general, ni ningún otro principio o autoridad, pueden convertir en verdadero lo que es falso ni viceversa".(19)

Sumo a lo dicho que entiendo discriminatorio que quién sea inculpado por delitos con pedido de pena igual o menor a 12 años de prisión tenga derecho a una sentencia fundada, y por ende, al recurso amplio previsto en la legislación convencional constitucional, mientras quién sea acusado de un delito con pedido de pena mayor no goce de dicho derecho fundamental. Con ello se violenta el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (20).

IV.- En consecuencia el sistema proyectado no es válido dentro del marco constitucional-convencional vigente por cuanto el veredicto condenatorio (resultante de la íntima convicción) emitido por el jurado popular no da razones del mismo y, como contrapartida, se impide el derecho fundamental del imputado a la revisión amplia de la condena por un tribunal superior.

Lo cierto es que la implementación del juicio por jurados deberá analizarse y, en su caso, reformularse a los fines de la obligatoria compatibilización de derechos que se impone a nuestro país y es señalada por la propia Comisión Interamericana en el informe citado- a la luz de los parámetros constitucionales y convencionales vigentes.(21)

No resulta, a mi criterio, casual que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sólo no haya dado por sentado que el jurado clásico del constituyente resulte el modelo a imponer en la actualidad, sino por el contrario, que llame a la reflexión sobre la necesidad de analizar la redefinición del mismo: "Habría que determinar sí el jurado que el texto coloca como meta es actualmente el mismo que tuvieron los constituyentes, conforme a los modelos de su época, o si debe ser redefinido según modelos actuales diferentes de partición popular" (22).

Por lo expuesto entiendo que el jurado clásico no se ajusta a los parámetros garantistas imperantes y que toda redefinición al respecto resulta merecedora de la más profunda discusión y reflexión

Todo ello en orden a evitar reformas apresuradas que no sólo resulten inconstitucionales por avasallar derechos fundamentales de los individuos sino que comprometan la responsabilidad internacional del Estado Argentino, resultando oportuno recordar que la Corte Interamericana ha determinado un estricto marco de responsabilidad para aquellos estados que no honren las obligaciones asumidas (23).

Referencias:

1.- Art. 8.2 inc h de la Convención Americana de Derechos Humanos: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior". Art. 14. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

2.- Art. 196 de la Constitución de la Provincia de Río Negro

3.- Proyecto de Reforma: Arts. 202 a 205

4.- Proyecto cit. Art. 233

5.- Proyecto cit. Art. 231

6.- Fallos 328:3399 Corte Suprema de Justicia de la Nación

7.-Punto 158 fallo "Herrera Ulloa Vs. Costa Rica" Corte Interamericana de Derechos Humanos, Punto 259 Informe Caso Nº 11.137 "Abella (Argentina) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Punto 69 Informe Caso Nº 11.618 "Mohamed (Argentina)

8.- Caso N 11.618 cit..

9.- Punto 69 Informe Caso Nº 11.618 cit.

10.-Punto 75 Informe Caso Nº 11.618 cit.. Punto 76

11.- Punto 95 Caso Nº11.618 cit.:

12.- Punto 76 y 80 Informe Caso Nº 11.618 cit.

13- Punto 70 y 73 informe Caso Nº 11.618 cit.

14.- Observación General Nº 32/07 Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.

15.-Punto 80 Informe Caso Nº 11.618 cit.

16. – Puntos 81 y 82 Informe Caso Nº 11.618 cit.

17.- Fallo cit. en 6

18- Fallo cit. en 6

19.Luigi Ferrajoli, Democracia y Galantismo, Ed. Trotta, pags. 68 y 69.

20.- Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 1.1 "Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.-

21.-idem 16

22.- Fallo cit. en 6.-

23.- Punto 114 Fallo Caso "Herrera Ulloa Vs. Costa Rica" Corte Interamericana de Derechos Humanos Punto 107 inf. ref. con cita a casos "La Cantuta" y caso "Almonacid Arellano" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.