Protocolo de los organismos del Poder Judicial

Numero expediente 27488/14
Carátula odarda, MAGDALENA Y OTROS C/ VIAL RIONEGRINA SOCIEDAD DEL ESTADO Y OTROS- MANDAMUS- EJECUCION DE SENTENCIA (expte. Nº D- 3BA- 524- C2012) S/ QUEJA
Fecha 06/09/2016
Número de sentencia 55
Tipo de sentencia D
Sentencia
PROVINCIA: RIO NEGRO
LOCALIDAD: VIEDMA
FUERO: CIVIL
INSTANCIA: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
EXPTE. N* 27488/14-STJ-
SENTENCIA N* 55

///MA, 5 de septiembre de 2016.
Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, doctores Ricardo A. Apcarian, Sergio M. Barotto, Enrique J. Mansilla, Adriana Cecilia Zaratiegui y Sandra E. Filipuzzi de Vázquez, con la presencia del señor Secretario doctor Wenceslao Arizcuren, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “ODARDA, Magdalena y Otros c/VIAL RIONEGRINA SOCIEDAD DEL ESTADO Y OTROS -MANDAMUS- EJECUCION DE SENTENCIA (EXPTE. N* D-3BA-524-C2012) s/QUEJA s/CASACION” (Expte. N* 27488/14-STJ-), elevados por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial, a fin de resolver el recurso de casación deducido por el apoderado de HIDDEN LAKE S.A. a fs. 132/163, deliberaron sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el Actuario. Se transcriben a continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente practicado, respecto de las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ra.- ¿Es fundado el recurso?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?
V O T A C I O N
A la primera cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:
1.-Sentencia recurrida: La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial mediante Sentencia Interlocutoria N* 17 de fecha 6 de febrero de 2014, dictada a fs. 97/100 de autos, resolvió rechazar la queja que interpusiera Hidden Lake S.A. contra la denegación del recurso apelación de fs. 68 que hiciera el Juez de Primera Instancia a fs. 69 vta..
2.-Agravios recursivos: La recurrente, luego de efectuar una detallada descripción de los antecedentes de la presente causa, se agravia de que la sentencia de Cámara de fecha 06/02/2014 contiene serios y muy graves vicios que la invalidan como decisión jurisdiccional, pues del voto de los señores Jueces que formaron la aparente mayoría surge que la queja que propician rechazar se habría interpuesto contra la resolución de fecha 06/02/2013 de fs. 32/32 vta., cuando lo cierto y conforme surge claramente del escrito de queja de fs. 71/90, es que se interpuso contra la resolución de fecha 29 de mayo de 2013 cuya copia obra a fs. 69/70 de autos.
Continúa expresando que cuando el Dr. Lagomarsino en la parte final de su voto dice: “sustancialmente no puede dejar de advertirse que la resolución apelada no causa gravamen irreparable desde el momento que decide fijar una audiencia, intimar a que constituyan domicilio procesal ...”, se está refiriendo a otra resolución y no a la de Primera Instancia de fecha 22/02/2013 (fs. 54/59) que ordenó limitar el dominio propiedad privada de su mandante y nada dice respecto de audiencias ni domicilios procesales. Agrega que también se patentiza la arbitrariedad en el voto de la Dra. Venerandi cuando llega al absurdo de transcribir la resolución que tal Jueza equivocadamente cree apelada del 11 de diciembre de 2012 dictada en la causa: “Odarda, María Magdalena y Otros c/Vial Rionegrina Sociedad del Estado y Otros -Mandamus s/ Ejecución de Sentencia Monitorio (N* 17020-068-13), cuando en realidad la resolución contra la que se dedujo la apelación que fuere denegada y que motivó la queja es la del 22/02/2013. Concluye en este punto en que el único votante que sí refiere a lo que fue materia de recurso de queja en estas actuaciones es el voto en minoría del Dr. Camperi.
Seguidamente desarrolla los argumentos de derecho por los cuales considera que la sentencia recurrida resulta nula, pues los fundamentos de la mayoría no tienen ninguna relación con las constancias de este incidente que tenían que decidir.
En tal sentido advierte que: 1) La sentencia es violatoria de la ley y la doctrina legal, viola el art. 200 de la Constitución Provincial por falta de fundamentación razonada y legal, viola los arts. 34 inc. 4, 161 incs. 1 y 2, 163 incs. 3, 4, 5, 6 y 164 del CPCyC., por no estar fundada y no respetar el principio de congruencia, viola el derecho a la doble instancia judicial protegido en la Convención Americana de Derechos Humanos; 2) La sentencia es violatoria de la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia, en cuanto a la obligación que tienen los Tribunales de fundar sus sentencias (cita doctrina al respecto); 3) La sentencia es nula por parcialidad de los magistrados firmantes, ya que firmaron un rechazo por el rechazo mismo, sin importar los fundamentos y sin preocuparse ni tener en cuenta que tenían una carga adicional: fundamentar las razones por las cuales habían hecho lugar a la queja de la Provincia y no le harían lugar a la queja de su mandante frente a planteos análogos.
3.-Presentaciones de Amigos del Tribunal: Que a fs. 222/237 y vta., a fs. 263/282 y a fs. 304/323 respectivamente, se presentan como “Amicus Curiae”, para brindar opinión sobre las cuestiones que se ventilan en el presente caso Lucía Ana Wieman en carácter de Secretaria de la Asociación “Árbol de pie”, el Dr. Enrique Viale, en carácter de ciudadano y Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Asociación “Cristian González”. También se presentan como “Amicus Curiae”:
a) “Alerta Angostura Organización no Gubernamental; b) Rodolfo Aguiar, Secretario General de la CTA en Río Negro; c) Mara Bou y Francisco de Haro en representación de la Delegación Bariloche de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; d), e) y f) Ignacio Francisco Prafil, Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche; g) Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén; h) María Cristina Painefil, Presidenta de la Asociación de Padres de Niños y Niñas con Discapacidad. Dado lo extenso de las presentaciones se formó un cuerpo de ADHESIONES “AMICUS CURIE”, el que correrá agregado por cuerda a los autos principales.
4.-Análisis y solución del caso:
Ingresando ahora en el análisis de las cuestiones traídas a conocimiento de este Superior Tribunal de Justicia, de modo preliminar se advierte que si bien las resoluciones como la que se encuentra aquí en análisis no constituyen sentencias definitivas a los fines del recurso extraordinario de casación -ya que se impugna un pronunciamiento dictado en la etapa de ejecución de sentencia-, sin embargo, en el sub examine el recurrente ha expresado de modo concreto que lo decidido en el presente incidente resulta ajeno a la sentencia que se ejecuta, pues considera que la resolución N* 89/2005-STJRN- no resolvió respecto de la llamada traza corta o camino Tacuifí ni dispuso condena alguna relacionada con ella. Con lo cual, el de autos en principio se enmarca en un supuesto de excepción a la regla mencionada.
Despejada dicha cuestión preliminar, se observa que los agravios se circunscriben a criticar la fundamentación de la sentencia de Cámara; en particular, el voto de la mayoría. En concreto, se plantea que el mencionado pronunciamiento es nulo por haberse motivado en resoluciones y antecedentes distintos de los que fueron objeto de pretensión en la queja por apelación denegada que debían tratar y resolver.
Ahora bien, para desentrañar tal disyuntiva resulta necesario efectuar una suscinta descripción de los actos procesales que se señalan en el recurso y que, a todo evento, serían demostrativos de la arbitrariedad planteada.
En tal cometido se puede señalar que a fs. 68 el apoderado de Hidden Lake S.A. apeló la resolución dictada por el Juez de Primera Instancia en fecha 22 de febrero de 2013 (fs. 54/59 y vta.) por la que consideró que corresponde: “A) Fijar un plazo a VIARSE y al CODEMA, perentorio y último, de Treinta (30) días para que terminen de cumplir con las obligaciones remanentes de señalamiento y asegurativas impuestas con relación a la traza larga de acceso al lago Escondido, bajo apercibimiento de astreintes; B) Fijar un un plazo a VIARSE y al CODEMA, perentorio y último, de noventa (90) días para que cumplan con las mismas obligaciones remanentes de señalamiento y asegurativas finalmente también impuestas con relación a la traza corta de acceso al lago Escondido, bajo apercibimiento de astreintes; C) Fijar un plazo a la Provincia (Poder Ejecutivo), igualmente perentorio de sesenta (60) días para que proceda, de acuerdo al ámbito propio de su competencia e imperium, a constituir la pertinente limitación a la propiedad privada en interés público que las circunstancias ya constatadas del caso requieren (restricción o servidumbre administrativas), en orden a que la afectación al uso público resuelta judicialmente en forma mediata por el STJ. pueda adquirir inmediata operatividad cumplidora, bajo apercibimiento de astreintes; ...”.
El Juez de Primera Instancia a fs. 69 vta. resolvió rechazar la apelación por improcedente, entendiendo que lo decidido resulta por vía principista inapelable (art. 572 nonies CPCyC.) y que prima facie ningún agravio serio ni cierto podría tener Hidden Lake S.A. luego de haber sostenido con recurrencia el carácter privado de la traza de Tacuifí. Dicho pronunciamiento fue cuestionado por el apoderado de Hidden Lake S.A., mediante el recurso de queja por apelación denegada (fs. 71/90), quien luego de alegar la violación al derecho de recurrir y ser oído, y la inaplicabilidad al caso concreto de la causa del art. 572 nonies del CPCyC., advierte que el Juez de Primera Instancia erró al decidir en los puntos B) y C) de la resolución recurrida respecto de la llamada traza corta o camino Tacuifí, ya que esas decisiones son nulas, dado que el Juez de Primera Instancia sobrepasó los específicos límites de la delegación dispuesta por el STJ., y por lo tanto carecía de competencia para dictarla.
Por último la Cámara, en fallo dividido, rechaza la queja de la actora. El Primer votante -en minoría- propone que se haga lugar al recurso de hecho concediendo la apelación denegada, en el entendimiento de que la problemática en debate excede el acotado marco de referencia que el “a quo” hubo invocado a los fines de denegar el recurso (art. 572 nonies CPCyC.).
En cambio, el voto mayoritario propuso rechazar la queja. Así, el votante en segundo término (Dr. Lagomarsino) consideró que los argumentos esgrimidos por el señor Juez “a quo” son elocuentes e irrefutables, y correcta la aplicación al caso del art. 572 nonies, resaltando que la crítica vertida por el recurrente constituye una mera diferencia de criterio con lo decidido. Agrega que la resolución apelada no causa gravamen irreparable desde el momento que decide fijar una audiencia, intimar a que constituyan domicilio procesal y que se actualicen los informes.
Por su parte, el voto dirimente que termina conformando la mayoría (Dra. Venerandi), luego de señalar el alcance restrictivo que debe darse a las apelaciones en proceso de ejecución, comparte que el auto impugnado no tiene entidad de producir gravamen irreparable dado que resuelve: “A) Intimar a la Provincia de Río Negro (VIARSE y CODEMA) y a Hidden Lake S.A. para que en el término de (5) días constituyan domicilio procesal en esta jurisdicción... B) Fijar audiencia para establecer los límites y modalidades de la ejecución (art. 558 bis CPCyC.) para el día 15 de Febrero de 2013 a la hora 9,...”.
De la descripción efectuada se observa que los votos que formaron la mayoría decisoria en la sentencia sub examine, hacen referencia y analizan cuestiones que no fueron objeto del recurso incoado. En efecto, resulta de toda evidencia que la Cámara -de modo más notorio aún en el voto dirimente- analiza, a los efectos de determinar la posibilidad de que se le cause al recurrente un gravamen irreparable, un pronunciamiento que no es el que se había recurrido.
En cambio, donde se ha circunscripto correctamente la cuestión a resolver es en el voto en minoría cuando se señala: “Vienen a estos obrados al Acuerdo a los fines de determinar si el recurso de apelación que Hidden Lake S.A. dedujera contra el decisorio de fecha 22/02/13, resultó bien o mal denegado.”.
En suma, la resolución que dio motivo a la apelación y a la queja por su denegación es la dictada en fecha 22 de febrero de 2013 obrante a fs. 54/59 y vta. de autos, por lo que la fundamentación efectuada en los votos referidos debió estar dirigida a resolver las cuestiones planteadas en dicho pronunciamiento, y no a otros que no fueron motivo de impugnación.
Por consiguiente, y en razón de la inobservancia del principio de correspondencia objetiva entre el tema propuesto y la decisión arribada por la Cámara, se configura una violación de las formas sustanciales del pronunciamiento por falta de fundamentación suficiente o adecuada. Se trata de una irregularidad manifiesta, grave e insubsanable que lo descalifica como acto o decisión jurisdiccional e impone declarar la nulidad del fallo bajo examen.
En tal sentido, se ha sostenido que: “Para alcanzar sus fines garantistas es inevitable que la motivación sea autosuficiente, en el sentido de abastecerse, expresando no sólo las conclusiones decisivas sino, fundamentalmente, las razones en que tales conclusiones se basan. No basta pues, como bien dice Carrió, que la sentencia tenga fundamentos, porque es preciso que éstos estén a su vez fundados. Sin esa básica motivación no es posible hablar en lenguaje constitucional de sentencia, pues huérfana de razonados fundamentos no hay nada, añadirá Morello, más que un acto de voluntad inepto de por sí para constituirse en fuente jurígena de derechos. Sin la mínima virtualidad para, en el espejo del debido proceso, aprobar el examen de validez” (Gladis E. De Midón, “La Casación, control del juicio de hecho”, pág. 20).
5.-Decisión: En función de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación y declarar la nulidad de la sentencia impugnada (arts. 200 de la Constitución Provincial y 163 incs. 5* y 6* del CPCyC.). MI VOTO por la AFIRMATIVA.
A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Enrique J. Mansilla dijeron:
ADHERIMOS a los fundamentos expuestos en el voto del doctor Apcarian, VOTANDO en IGUAL SENTIDO.
A la misma cuestión las señoras Juezas doctoras Adriana Cecilia Zaratiegui y Sandra E. Filipuzzi de Vázquez dijeron:
Atento a la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión.
A la segunda cuestión el señor Juez doctor doctor Ricardo A. Apcarian dijo:
Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 132/163 de autos; y en consecuencia declarar la nulidad de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial obrante a fs. 97/100. II) Remitir las actuaciones al Tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (art. 296, inc. 3* del CPCyC.). III) Imponer las costas de esta instancia por su orden, atento a como se resuelve la cuestión (art. 68, segunda parte del CPCyC.). ASI VOTO.
A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Enrique J. Mansilla dijeron:
ADHERIMOS en un todo a la solución propuesta en el voto precedente.
A la misma cuestión las señoras Juezas doctoras Adriana Cecilia Zaratiegui y Sandra E. Filipuzzi de Vázquez dijeron:
NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 39 L.O.).
Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
R E S U E L V E:

Primero: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 132/163 de autos; y en consecuencia declarar la nulidad de la sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial obrante a fs. 97/100.
Segundo: Remitir las actuaciones al Tribunal de origen para que, con distinta integración, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (art. 296, inc. 3* del CPCyC.).
Tercero: Imponer las costas de esta instancia por su orden, atento al modo como se resuelve la cuestión (art. 68, segunda parte del CPCyC.).
Cuarto: Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse. FDO. RICARDO A. APCARIAN JUEZ - SERGIO M. BAROTTO JUEZ - ENRIQUE J. MANSILLA JUEZ - ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI JUEZA - EN ABSTENCION (ART. 39 L.O.) - SANDRA E. FILIPUZZI DE VAZQUEZ JUEZA SUBROGANTE - EN ABSTENCION (ART. 39 L.O.) - ANTE MI: WENCESLAO ARIZCUREN SECRETARIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.
TOMO: I
SENTENCIA N* 55
FOLIO N* 183/186
SECRETARIA: I
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