Ley P 3987 - Ley de Mediación

CONSOLIDADA POR: Ley 4270

SANCIÓN: 29/11/2007

PROMULGACIÓN: 21/12/2007 - Decreto Nº 359/2007

PUBLICACIÓN: B.O.P. Nº 4584 - 10 de enero de 2008; pág. 1


Reglamentada por: Decreto Nº 1398/2007 (BOP. 14/01/2008)
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MEDIACIÓN PENAL CON CARÁCTER VOLUNTARIO


Artículo 1º - Se instituye la mediación penal con carácter voluntario, como método alternativo de resolución de conflictos, en los delitos comprendidos en el artículo 172, incisos 6 y 7 del Código Procesal Penal, excepto en los dependientes de instancia privada cuyas víctimas sean menores de dieciséis (16) años. La mediación penal también podrá aplicarse a la justicia contravencional.


Artículo 2º - La mediación es un método no adversarial dirigido por un mediador con título habilitante, a través del cual se promueve la comunicación entre las partes en procura de un avenimiento que logre en la medida de lo posible la reparación o compensación de las secuelas y/o las consecuencias del hecho delictivo.


Artículo 3º - El proceso de mediación que se instituye garantiza los principios de neutralidad, imparcialidad, igualdad, voluntariedad, confidencialidad, inmediatez, celeridad y economía procesal.
La asistencia letrada de las partes será obligatoria.

La representación del denunciante, víctima o damnificado será ejercida por el Fiscal, sin perjuicio de la participación del querellante, en su caso.


Artículo 4º - No son mediables aquellas causas en que el denunciado ya se hubiera beneficiado con un acuerdo mediatorio, relacionado con idéntica índole de conflicto y contra el/los mismo/s damnificado/s.
Tampoco podrán someterse a mediación aquellas causas cuyos hechos denunciados hubieran sido cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.

Artículo 5º - Son partes en el proceso de mediación el denunciante, ofendido o damnificado, en su caso el representante legal y el presunto autor/es del hecho dañoso y los partícipes en cualquiera de las formas establecidas en el Código Penal.


Artículo 6º - Cuando fueran varios los damnificados deberá contarse con el consentimiento de todos ellos para la derivación del caso a mediación.


Artículo 7º - Para ser mediador penal se requiere poseer título de abogado, con cinco (5) años como mínimo de ejercicio en la profesión o empleo judicial en la especialidad, poseer domicilio profesional en la provincia y acreditar la capacitación y entrenamiento específico en mediación penal, conforme lo determine la reglamentación.


Artículo 8º - Los interesados deberán inscribirse en el Registro de Mediadores Penales y matricularse por ante la Secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia.
La reglamentación determinará las incompatibilidades o inhabilidades para el ejercicio de la mediación penal.


Artículo 9º - El Agente Fiscal podrá, previa audiencia con el denunciante, damnificado, víctima o su representante legal, cuando aún no haya promovido la acción y a fin de aplicar el criterio de oportunidad previsto en los supuestos del artículo 172 inciso 6 y 7 del Código Procesal Penal, solicitar la sustanciación del proceso de mediación. Igual petición podrán formular el denunciado o imputado y su defensa ante el Agente Fiscal.


Artículo 10 - Cuando el Agente Fiscal aconseje, solicite o acepte la derivación del caso a mediación, requerirá la intervención del Centro de Mediación respectivo.
A tal fin remitirá una reseña del caso denunciado.

Artículo 11 - En cualquier estado del proceso, pero siempre antes del decreto de citación a juicio, el Fiscal y las restantes partes podrán proponer el proceso de mediación.
En tal caso se requerirá al Juez la remisión de las copias autenticadas de las actuaciones al Centro respectivo, lo cual ordenará por providencia simple.

Las actuaciones originales, como todo efecto o elemento de prueba, permanecerán en el Tribunal.

A partir de la remisión de las actuaciones los plazos procesales quedarán suspendidos.

Artículo 12 - El proceso de mediación tendrá una duración máxima de cuarenta (40) días hábiles, contados desde la remisión de las actuaciones al Centro de Mediación respectivo.

Excepcionalmente, a pedido del mediador fundado en la complejidad del conflicto u otra circunstancia atendible, podrá prorrogarse por un plazo igual o menor.

Dicha prórroga será acordada o denegada por el Agente Fiscal para el caso de no haberse promovido aún la acción penal y por el Juez de la causa en el supuesto contemplado en el artículo precedente.

Artículo 13 - Si las partes interesadas aceptaran voluntariamente la mediación, se procederá al sorteo del mediador, conforme lo determine la reglamentación.


Artículo 14 - El mediador designado tendrá a su cargo la fijación de las audiencias respectivas. Dichas audiencias se llevarán a cabo en dependencias ajenas a la sede de los juzgados penales.


Artículo 15 - Previo a las reuniones conjuntas, el mediador dispondrá la realización de las reuniones privadas que fueran necesarias con cada una de las partes por separado.


Artículo 16 - Los honorarios del mediador serán abonados por el Poder Judicial en lo que a la parte denunciante, damnificada o víctima le corresponda. De igual manera cuando el denunciado y/o imputado sea asistido por el Defensor General.
Los montos de la retribución serán fijados en la reglamentación.


Artículo 17 - Las audiencias tienen carácter reservado, debiendo todos los participantes guardar estricto secreto de todo aquello de que se tome conocimiento en las audiencias. A tal efecto se suscribirá el respectivo convenio de confidencialidad.


Artículo 18 - Una vez agotado el proceso de mediación se labrará un acta suscripta por las partes, en la que se consignará el resultado del mismo.


Artículo 19 - En caso de acuerdo se harán constar en el acta los términos del compromiso asumido, detallando en forma clara y precisa en qué consiste la reparación, restauración o compensación del perjuicio a favor del damnificado u ofendido, así como la forma de su efectivo cumplimiento y a cargo de quién o quiénes estará.


Artículo 20 - El acuerdo también podrá contener pautas claras y precisas respecto de determinadas conductas, abstención de actos o prestación de servicios comunitarios que asuma el comprometido, en cuyo caso también se consignaran en el acta que será suscripta por las partes.


Artículo 21 - Si el procedimiento culminara sin acuerdo, el mediador deberá enviar la totalidad de lo actuado al Fiscal o Juez competente para la prosecución del proceso penal.


Artículo 22 - Todo acuerdo será homologado por el Juez competente. Si se trata de reparación económica y el acuerdo no se cumple, la víctima tendrá la opción de ir a la sede competente y ejecutar o reanudar la acción penal.


Artículo 23 - En caso de homologación del acuerdo, quedará a cargo del obligado acreditar de modo fehaciente su efectiva cumplimentación y dentro del plazo que en el mismo acuerdo deberá establecerse. Hasta tanto ello no se verifique, no procederá la aplicación del mecanismo previsto en el artículo 172 ter, ni el finiquito del proceso mediante el artículo 306 inciso 4º del Código Procesal Penal.


Artículo 24 - La falta de cumplimiento del acuerdo en debido tiempo y forma será informada al Agente Fiscal, quien merituará si otorga un nuevo plazo para que se verifique el cumplimiento o si deja sin efecto el acuerdo y dispone la continuidad normal del proceso penal. Todo ello previo oír a la víctima o damnificado en orden a lo establecido en el artículo 22 de la presente Ley.


Artículo 25 - Verificado el cumplimiento del acuerdo, el Agente Fiscal solicitará al Juez competente la declaración de la extinción de la acción penal y consiguiente sobreseimiento, en los términos del artículo 306 inciso 4º del Código Procesal Penal.
En el supuesto de no haberse incoado aún la acción penal, el Agente Fiscal remitirá al Juez en turno al momento de efectuarse la denuncia o anoticiamiento del hecho, el legajo de lo obrado ante la Fiscalía y el Centro de Mediación con el acuerdo incorporado y la verificación del cumplimiento.

Si el proceso estuviese en marcha el Agente Fiscal formulará su petición ante el Juez de la causa, acompañando el acuerdo y la verificación de su cumplimiento.

El Juez resolverá por auto fundado en el plazo de cinco (5) días.


Artículo 26 - La presente Ley es complementaria del Código de Procedimiento Penal y entrará en vigencia a partir de su reglamentación.


Artículo 27 - El Poder Ejecutivo dictará el correspondiente decreto reglamentario.
A tal efecto se crea una Comisión integrada por tres (3) representantes de cada uno de los poderes del Estado.

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