Normas orgánicas

Ley K 4199 - Ministerios publicos

 

CONSOLIDADA POR: Ley 4540

Sanción: 03/06/2010

Promulgación: 15/06/2010 – Decreto Nº 402/2010

PUBLICACIÓN: B.O.P. Nº 4840 (suplemento) – 24 de junio de 2010; págs. 320-326


Referencias Normativas:

Ver art. 61 Ley Nº 4924 (BOP.23/12/2013)

Art. 49 – Modificado por art. 1 Ley 5113 (BOP. 09/06/2016) – Vigencia a partir de su sanción.

Art. 52 inc. b) – Derogado por art. 2 Ley 5113


TEXTO ACTUALIZADO NO CONSOLIDADO
MINISTERIO PÚBLICO
Título I
Capítulo 1º
NORMAS GENERALES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 1º - Ubicación. El Ministerio Público es un órgano que integra el Poder Judicial, con autonomía funcional conforme lo prescripto en los artículos 215 a 219 de la Constitución Provincial  Su organización es jerárquica y está regida por los principios que en la citada Constitución y en la presente se establecen.

Artículo 2º - Principios funcionales. El Ministerio Público en su funcionamiento se rige por los principios de unidad de actuación, indivisibilidad, legalidad y descentralización.

El principio de unidad de actuación que rige al Ministerio Público debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones y de los diversos intereses que deben ser atendidos.

Artículo 3º - Autonomía funcional. Los integrantes del Ministerio Público forman parte del Poder Judicial, gozan de los mismos derechos y garantías y se encuentran sujetos a las mismas obligaciones que los magistrados, gozan de inmunidad, inamovilidad e intangibilidad reconocida por la Constitución a los integrantes del Poder Judicial, con idénticos efectos en el orden patrimonial y previsional.

En el ejercicio de sus funciones no pueden ser impedidos ni coartados por ninguna otra autoridad. Cada uno de sus funcionarios desempeña su cargo con responsabilidad, independencia y autonomía con sujeción a la normativa constitucional y a la presente.

Artículo 4º - Deber de colaboración. El Ministerio Público puede pedir la colaboración de todo funcionario o autoridad del Estado, de sus entes descentralizados y de los organismos de contralor, quienes están obligados a prestarla. Igual proceder deben observar los organismos y entidades privadas.

Artículo 5º - Relaciones con la comunidad. El Ministerio Público difunde públicamente su actuación a la población, mediante prácticas sencillas y estandarizadas. Establece programas y métodos de información sobre ejercicio de los derechos, modos y condiciones de acceso a los servicios de administración de Justicia. En la medida de lo legalmente posible, sin afectar el éxito de las investigaciones, ni la intimidad de las personas, brinda información sobre el resultado de las investigaciones a los medios de comunicación masiva.

Artículo 6º - Capacitación. El Ministerio Público promueve la permanente capacitación y especialización de todos sus miembros, con carácter obligatorio para los mismos.

Artículo 7º - Cooperación e integración de recursos. El Ministerio Público puede celebrar, en el marco de la legislación vigente, convenios con Colegios Profesionales, Universidades, Organismos Provinciales, Municipios, Organizaciones no Gubernamentales y todo otro ente público o privado, para la realización de sus fines.

Se relaciona asimismo con las organizaciones públicas o privadas, cuyo accionar se vincule a la actividad del Ministerio. A tal fin contarán con un registro de aquéllas pudiendo convocarlas a reuniones de coordinación e información, promoviendo el fortalecimiento del quehacer común a través de equipos interdisciplinarios.



Capítulo 2º
ORGANIZACION

Artículo 8º - Ministerio Público - Divisiones. Conforme las tareas que constitucional y legalmente se le asignan el Ministerio Público se divide en:

a)   Ministerio Público Fiscal.

b)   Ministerio Público de la Defensa.

Artículo 9º - Composición general. El Ministerio Público está integrado por los siguientes funcionarios:

a)   Procurador General.

b)   Fiscal General.

c)    Defensor General.

d)   Fiscales de Cámara.

e)    Secretarios de la Procuración.

f)    Agentes Fiscales.

g)   Defensores del fuero penal.

h)   Defensores de pobres y ausentes.

i)     Defensores de menores e incapaces.

j)     Adjuntos de Fiscalías y Defensorías.


La denominación de los cargos que integran la estructura, así como las funciones que les competen queda supeditada a las necesidades del sistema procesal vigente, sujetas a modificaciones y sin alteración de derechos adquiridos.


Capítulo 3º
DEL PROCURADOR GENERAL

Artículo 10 - Procurador General. El Procurador General es la máxima autoridad del Ministerio Público y tiene a su cargo el adecuado funcionamiento del organismo, en cuyo ámbito ejerce las funciones de superintendencia, incluidas la administración general y presupuestaria del organismo a su cargo conforme la legislación general y reglamentaria respectiva.

Artículo 11 - Funciones. Son funciones del Procurador General:
a)   Cumplir y velar por el cumplimiento de las funciones del organismo e impartir instrucciones de carácter general que permitan el mejor desenvolvimiento del servicio, optimizando los resultados de la gestión con observancia de los principios que rigen el funcionamiento del Ministerio Público.

b)   Promover y ejercer la acción penal pública de manera directa, cuando lo considere necesario.

c)    Fijar la política general y -en particular- la política criminal del Ministerio Público, conformando los criterios de la persecución penal.

d)   Crear unidades especializadas en la investigación de delitos complejos, cuando las circunstancias lo requieran.

e)    Remitir al Superior Tribunal de Justicia el requerimiento presupuestario anual del Ministerio Público.

f)    Supervisar la tarea de los miembros del Ministerio Público.

g)   Ejercer la Superintendencia, con todas las potestades administrativas, reglamentarias, disciplinarias y de contralor.

h)   Integrar el Consejo de la Magistratura, cuando la Ley respectiva lo exige para la designación como para la remoción de miembros del Ministerio Público. Asume el rol de acusador en el enjuiciamiento de magistrados y demás funcionarios de la jurisdicción. Cuando se trate de enjuiciamiento de un miembro del Ministerio Público el rol de acusador será asumido por el Fiscal General.

i)     Resolver los recursos presentados contra instrucciones del Fiscal General y del Defensor General.

j)     Conceder al personal de su dependencia directa y al Fiscal General y Defensor General licencias ordinarias y extraordinarias.

k)   Elaborar y poner en ejecución los reglamentos de superintendencia necesarios para la organización de las diversas dependencias del Ministerio Público.

l)     Determinar las actividades de capacitación de los integrantes del Ministerio y coordinarlas con la Escuela de Capacitación Judicial.

m) Celebrar convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para la realización de la capacitación o de investigaciones propias de la función.

n)   Organizar un adecuado sistema de control de gestión permanente.

o)   Asistir a los Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia cuando es invitado a intervenir y siempre que sean tratados asuntos que tengan injerencia sobre la organización y funcionamiento del Ministerio Público.

p)   Actuar ante el Superior Tribunal de Justicia en los casos en que la Constitución y las leyes lo establecen. Dictaminar en todo asunto que verse sobre los supuestos contemplados en el artículo 207 incisos a), b) y d) de la Constitución Provincial  , en los referidos a la competencia del Superior Tribunal de Justicia, como así también en las acciones que versen sobre garantías procesales específicas de los artículos 43 a 45 de la Constitución Provincial  , que sean presentadas ante el Superior Tribunal de Justicia en virtud de su competencia originaria y exclusiva, como también en los recursos de apelación.

q)   Es parte necesaria en todo asunto que verse sobre gravedad institucional, materia electoral y partidos políticos, que fuere sometido a decisión del Superior Tribunal de Justicia.

r)    Organizar, reglamentar, supervisar y designar a los responsables de las oficinas de asistencia técnica.

s)    Presidir el Consejo de Fiscales y Defensores.

t)     Solicitar la aplicación de medidas disciplinarias contra magistrados, funcionarios o empleados por el ejercicio irregular de sus funciones.

u)   Velar por el cumplimiento de las sentencias, leyes, decretos, reglamentos y disposiciones que deban aplicar los tribunales, pidiendo el remedio o la sanción contra las infracciones de que tuviere noticia.

v)   Participar en las inspecciones que realice el Superior Tribunal de Justicia, cuando le fuere solicitado e inspeccionar por sí mismo las dependencias bajo su superintendencia.

w) Realizar anualmente un informe público al Superior Tribunal de Justicia y al Poder Legislativo, en el que dará cuenta de la labor realizada, el cumplimiento de los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, ello previo dictamen del Consejo de Fiscales y Defensores.


Artículo 12 - Requisitos - Inhabilidades - Prohibiciones. El Procurador General, debe reunir las condiciones exigidas por el artículo 216, primer párrafo de la Constitución Provincial y no debe hallarse comprendido en alguna de las inhabilidades y prohibiciones de los artículos 198 y 201 de dicha Constitución. Sólo es removido por el mecanismo de juicio político y por las causales establecidas en el art. 150 del citado cuerpo legal.


Artículo 13 - Requisitos - Secretarías de la Procuración General. El Procurador General es asistido en sus funciones por tres (3) Secretarías con rango de Secretarías del Superior Tribunal, a cuyo cargo estarán las áreas Jurídica, Técnica y de Superintendencia del Ministerio Público.


Capítulo 4º
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Artículo 14 - Ministerio Público Fiscal. Integración. El Ministerio Público Fiscal estará integrado por:

a)   El Fiscal General.

b)   Los Fiscales de Cámara.

c)    Los Agentes Fiscales.

d)   Los adjuntos.

La estructura y denominación citada puede ser modificada en los términos del último párrafo del artículo 9º de la presente Ley.


Artículo 15 - Del Fiscal General. El Fiscal General tiene a su cargo:

a)   Coordinar y supervisar la tarea de los Fiscales de Cámara y Agentes Fiscales de la Provincia, a efectos del mejor desenvolvimiento de la función.

b)   Impartir instrucciones generales a los Fiscales bajo su dependencia conforme las directivas dispuestas por la Procuración General.

c)    Ejercer la Superintendencia delegada por la Procuración General.

d)   Conceder licencias ordinarias a los Fiscales de Cámara y a los Agentes Fiscales.

e)    Intervenir en todas las causas en las que el Superior Tribunal de Justicia debe conocer y decidir por vía de los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión, de acuerdo con las normas pertinentes.

f)    Continuar ante el Superior Tribunal de Justicia la intervención que los Fiscales hubieran tenido ante los Tribunales inferiores, cuando así correspondiere por las leyes procesales y según el modo que éstas determinen. Sostener o desistir, mediante dictamen fundado, los recursos mencionados en el inciso anterior, cuando fueren interpuestos por el Ministerio Público Fiscal ante el Superior Tribunal, como aquéllos que correspondan ante Tribunales Nacionales e Internacionales, cuando el caso lo amerita.

g)   Ejercer el control del cumplimiento de los plazos procesales, procurando que los procesos no se dilaten ni prescriban.

h)   Dar conocimiento al Procurador General de cualquier irregularidad que constataren en el desenvolvimiento del Ministerio, como también las necesidades que advierta o le sean informadas por los restantes miembros del Ministerio Público.

i)     Elaborar el informe anual de gestión del Ministerio Público Fiscal.


Artículo 16 - Del Fiscal de Cámara. El Fiscal de Cámara tendrá a su cargo:

a)   Actuar ante las Cámaras en lo Criminal, en etapa de juicio, de ejecución de sentencia y en las vías recursivas.

b)   Representar el interés general de la sociedad y el de la víctima del delito, sin desmedro de su objetividad.

c)    Intentar modos alternativos de resolución judicial del conflicto, mediante conciliación o mediación en los casos en que el Código y las leyes lo autoricen, sometiendo, en su caso, a homologación del Tribunal la solución alcanzada.

d)   Asistir a los Acuerdos Administrativos de las Cámaras, en tanto sean invitados a intervenir para el tratamiento de cuestiones atinentes al Ministerio Público Fiscal, dando cuenta de ello al Fiscal General.

e)    Velar en las causas en las que intervengan, por el cumplimiento de los plazos procesales, denunciando obligatoriamente la pérdida automática de la competencia e interponiendo pronto despacho a fin de evitar que los procesos dilaten o prescriban. La prescripción que operare por su negligencia o cumplimiento irregular de sus funciones se reputará falta grave en el desempeño del cargo.

f)    Defender la Jurisdicción de los Tribunales de la Provincia, intervenir en las declinatorias de jurisdicción y en las cuestiones de competencia y recusación de los Jueces de las Cámaras Civil, Comercial y Minería, Laboral y Criminal.

g)   Ejercer las funciones que le sean encomendadas por los Códigos, Leyes, reglamentos e instrucciones generales del Procurador o el Fiscal General.

h)   Asistir a las visitas de cárceles y de toda institución que aloje a personas privadas de la libertad, con la periodicidad y los recaudos que emanen de las instrucciones del Fiscal General, velando por el respeto de los derechos humanos de los detenidos y la correcta aplicación de la Ley en la ejecución de la medida privativa de libertad.

i)     Controlar el cumplimiento de los trámites necesarios, previos al archivo de una actuación culminada con sentencia firme.

j)     Dar conocimiento al Fiscal General de cualquier irregularidad que constataren en el desenvolvimiento del Ministerio Público Fiscal, como así también sobre las necesidades que adviertan en su respectiva circunscripción.

k)   En la Primera Circunscripción Judicial el Fiscal de Cámara cumplirá con los deberes y atribuciones que determine la normativa electoral provincial.

l)     Cumplir con las instrucciones generales de su superior jerárquico.


Artículo 17 - De los Agentes Fiscales. Los Agentes Fiscales tendrán a su cargo:

a)   Promover la averiguación de los delitos de acción pública siempre que tenga noticia de su comisión por cualquier medio, pudiendo prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción o limitarla a alguna de las personas que presuntamente intervinieron en el hecho, de conformidad a lo establecido por el Código Procesal Penal.

b)   Representar el interés general de la sociedad y el individual de la víctima del delito, sin desmedro de su objetividad.

c)    Con carácter previo a la promoción de la acción, y aun ya encontrándose ésta en curso, intentar modos alternativos de resolución judicial del conflicto. En su caso presenta ante los jueces los acuerdos alcanzados para su homologación.

d)   Defender la Jurisdicción de los Tribunales de la Provincia, intervenir en las declinatorias, conflictos de competencia y recusación de los magistrados ante los cuales actúan.

e)    Velar en los casos en los que intervengan por el cumplimiento de los plazos procesales, denunciando la pérdida automática de competencia e interponiendo pronto despacho, procurando que los procesos no dilaten ni prescriban. La prescripción que operare por su negligencia o cumplimiento irregular de sus funciones, se reputará falta grave en el desempeño del cargo.

f)    Asistir a los establecimientos carcelarios y cualquier otra institución donde se hallaren personas privadas de la libertad, con la periodicidad y recaudos que surjan de las instrucciones del Fiscal General, velando por el cumplimiento de los derechos humanos y la correcta aplicación de la Ley en la ejecución de la medida de privación de libertad.

g)   Intervenir ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería, Familia y Sucesiones, sólo cuando las leyes de fondo lo establecieren.

h)   Poner en conocimiento del Fiscal General, de modo directo o por intermedio del Fiscal de Cámara, de las irregularidades que notasen en el desenvolvimiento del Ministerio, como así también las necesidades que adviertan para la normal prestación del servicio.

i)     Cumplir las instrucciones generales del Fiscal General.


Artículo 18 - Enumeración no taxativa. Las funciones y deberes señalados en los artículos precedentes no poseen carácter taxativo, siendo complementados con instrucciones generales y reglamentos dictados conforme a la presente Ley y supeditadas a las circunstancias establecidas en el último párrafo del artículo 9º de esta norma.


Artículo 19 - Asistencia a la víctima. La víctima debe ocupar un lugar preponderante en el proceso penal, corresponde al Ministerio Público Fiscal brindar el asesoramiento e información, resguardar sus intereses y velar por la defensa de sus derechos en el proceso, sin desmedro de su objetividad.


Capítulo 5º
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

Artículo 20 - Ministerio Público de la Defensa. El Ministerio Público de la Defensa estará integrado por:

a)   El Defensor General.

b)   Los Defensores del fuero penal.

c)    Los Defensores de pobres y ausentes.

d)   Los Defensores de menores e incapaces.

e)    Los adjuntos.


Artículo 21 - Del Defensor General. El Defensor General tendrá a su cargo:

a)   Cumplir personalmente y velar por el cumplimiento de las misiones y funciones del Ministerio Público de la Defensa.

b)   Impartir instrucciones generales que permitan un mejor desenvolvimiento del servicio, en pos de optimizar los resultados de la gestión. Dichas instrucciones guardarán consonancia con las directivas emanadas de la Procuración General. Siempre serán públicas y no se referirán al trámite de causas en particular.

c)    Dirigir la política general del Ministerio tendiente a resguardar el debido proceso y la defensa en juicio de las personas y sus derechos.

d)   Sostener o desistir mediante dictamen fundado los recursos que interpongan los Defensores ante el Superior Tribunal de Justicia y los que correspondan ante los Tribunales Nacionales e Internacionales, cuando el caso lo amerita.

e)    Conceder al personal de su dependencia directa y a los defensores licencias ordinarias.

f)    Promover las actividades de capacitación.

g)   Representar al Ministerio y articular acciones con los Centros Judiciales de Mediación.

h)   Representar al Ministerio en los convenios de colaboración que celebre.

i)     Organizar un adecuado sistema de control de gestión permanente.

j)     Elaborar un informe anual de gestión del Ministerio Público de la Defensa.

k)   Ejercer las facultades de Superintendencia delegadas por la Procuración General.

l)     Dar cuenta al Procurador General de las irregularidades que advierta en el funcionamiento del Ministerio como de las necesidades que le sean transmitidas por los Defensores.


Artículo 22 - De los Defensores. Los Defensores tendrán a su cargo:

a)   El ejercicio de la defensa y representación en juicio como actor o demandado de quien invoca y justifica pobreza o se encuentra ausente en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos. El deber de patrocinar a los pobres estará subordinado a la procedencia o conveniencia de la acción que aquéllos pudieran promover.

b)   Ejercer la defensa de los imputados en las causas penales, en los supuestos en que se requiera conforme lo normado por el Código Procesal Penal. No ejerce la representación de quien pretende intervenir como querellante en el proceso penal.

c)    Efectuar visitas a los lugares de detención de sus asistidos, con la periodicidad y los recaudos que instruya el Defensor General.

d)   Brindar al imputado una completa y permanente información a fin de que pueda decidir su defensa material, poner en su conocimiento los procedimientos de abreviación de la instrucción y del juicio, como de la suspensión a prueba y sus recaudos. Supletoriamente el defensor podrá articular otras defensas que convengan al imputado. Cuando el defensor estima improcedente y niega a su defendido la deducción de alguna acción o la interposición de un recurso o impugnación contra una resolución judicial, le hace saber que puede solicitar la revisión por parte del Defensor General.

e)    Arbitrar los medios para hallar al demandado ausente, cesando su intervención cuando lo notifica personalmente de la existencia de un proceso y en los demás supuestos establecidos en la Ley procesal.

f)    Contestar las consultas formuladas por personas carentes de recursos, asistiéndolas en los trámites judiciales pertinentes, oponiendo las defensas y recursos que correspondan.

g)   Intentar la conciliación y aplicación de modos alternativos de resolución de conflictos, como también, promover y facilitar acuerdos extrajudiciales respecto de los asuntos relativos al ejercicio de su Ministerio de conformidad con lo que establecen las leyes especiales.

h)   Ejercer la defensa de los menores en conflicto con la Ley Penal, impetrando -como mínimo- las mismas garantías constitucionales y procesales otorgadas a los adultos y el resguardo de los derechos específicos con rango constitucional. Ejercer las acciones y adoptar las medidas necesarias para la protección integral de los menores conforme las normas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la legislación local aplicable.

i)     Ejercer la defensa promiscua en resguardo del mejor interés para el menor o el incapaz en todo asunto judicial o extrajudicial, entablando las acciones y recursos que sean pertinentes, en los términos del artículo 59 del Código Civil, como también en los mismos casos pero en forma autónoma y ejerciendo la directa representación de los menores e incapaces, peticionando las medidas que hagan a la protección de su persona y sus bienes, en los casos previstos por la Ley de fondo y cuando carecieran de asistencia o representación legal o cuando resulte necesario suplir la inacción u oposición de sus representantes legales o de las personas que los tuvieren a su cargo por disposición judicial o de hecho. A tales fines deberán: Deducir las acciones que correspondan a los tutores o curadores, cuando ellos no lo hicieren. Peticionar las acciones y las medidas pertinentes a fin de proveer la guarda y tenencia de menores, designación de tutores y curadores a menores e incapaces y otorgar la representación legal de quien no la tenga. Solicitar la remoción de los tutores o curadores por mal desempeño en sus funciones y la exhibición de las causas de tutela y curatela cuando existiere motivo fundado para ello. Fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los tutores, guardadores, encargados y representantes legales de los menores y requerir las medidas judiciales para la protección de sus personas y la seguridad y conservación de sus bienes. Solicitar el ingreso de los menores a establecimientos alternativos, una vez agotadas todas las medidas de contención posibles, como último recurso y atendiendo el interés superior del niño. Promover las acciones tendientes a suspender o privar de la patria potestad y a la moción de tutores, tenedores o guardadores cuando así correspondiere.

j)     Actuar en representación y en nombre de los menores e incapaces cuando mediare entre sus representantes y éstos conflicto personal u oposición de intereses.

k)   Velar por el cumplimiento de la legislación que resguarda los derechos de los menores que resulten víctimas o testigos en un proceso de índole penal. En los conflictos en los que resultare un menor o incapaz víctima de delitos cometidos por sus ascendientes, tutores, curadores, guardadores o representantes legales, el defensor de menores e incapaces, coadyuva en la tarea de asistencia del Fiscal y colabora con la oficina de Atención a la Víctima.

l)     Realizar las gestiones del caso para impedir los malos tratos dados a los menores e incapaces por sus padres, tutores, curadores, guardadores o encargados.

m) Informar en forma personal y periódica a los menores en conflicto con la Ley penal sobre el estado de sus causas.

n)   Requerir de cualquier autoridad o funcionario público, informe o medidas en el interés de los menores e incapaces y poner en conocimiento del Defensor General los abusos o deficiencias que notaren.

o)   Agotar los recursos legales contra las resoluciones adversas a los menores o incapaces, y sólo podrá consentir tales resoluciones con dictámenes fundados, cuando resultare de la causa que su prosecución fuera perjudicial para los intereses de sus representados.

p)   Citar a personas a su despacho para el cumplimiento de su Ministerio, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública.

q)   Inspeccionar los establecimientos de internación, guarda, tratamiento de menores e incapaces, sean públicos o privados, verificando el desarrollo de las tareas educativas, el tratamiento social y médico dispensado a cada interno, como también el cuidado y atención que se les prodiga, instando el debido cumplimiento de un sistema de protección integral del niño y el adolescente. De ello informa al Defensor General con la periodicidad y los recaudos que éste instruya al efecto.

r)    Salvo en causa penal, el usuario del servicio está obligado a brindar al Defensor información veraz sobre los hechos cuando se trate de deducir acciones o articular defensas. Lo contrario acarrea el cese de la prestación y libera de toda responsabilidad al letrado actuante.

s)    Responder en término y puntualmente los requerimientos de informes que formule el Defensor General.

t)     Conceder licencias ordinarias a los empleados bajo su dependencia.

u)   Solicitar a los Registros y Oficinas Públicas o Privadas, sin cargo alguno, testimonios, documentos y actuaciones necesarias para su gestión.

v)   Ejercer la representación y patrocinio en juicio ante las Cámaras del Trabajo, siempre que se acredite que han fracasado las gestiones conciliatorias ante el organismo respectivo y que los trabajadores y sus derechohabientes no cuentan con el patrocinio gratuito y obligatorio de la Delegación respectiva de la Secretaría de Trabajo. Para ejercer el patrocinio y la representación de la patronal, deberá acreditarse escasez de recursos económicos.

w) Agotar obligatoriamente los recursos contra las resoluciones adversas a los intereses de sus representados, salvo que a su juicio las mismas se ajusten a derecho.

x)   Cumplir con las instrucciones generales que le imparta el Defensor General.

y)   Llevar en orden y forma, encuadernados y foliados, previa rubricación por Secretaría de Procuración, los siguientes libros:

1)      De actas: en que asientan por orden de fecha, los comparendos realizados, en los que se harán constar las personas que asistieran, su objeto o resolución. Cada acta debe ser firmada por el Defensor y comparecientes.

2)      De los convenios: que entre personas mayores se realicen ante el mismo, cuando actúa como amigable componedor y establecer en ellos, de un modo claro, las condiciones estipuladas. Cada asiento en este libro deberá ser firmado por el Defensor y los que conciernan, dándoles una copia.

3)      Los demás libros: copiadores de Oficios, visitas u otros que el Defensor juzgue oportuno llevar para el mejor desempeño de sus funciones.

4)      Un registro de menores informatizado en el que figure: el nombre y apellido, edad y filiación de éstos con el nombre de las personas a cuyo cargo se encontraren y si la guarda ha sido otorgada por el Defensor de menores e incapaces, con la referencia correspondiente al libro de actas y convenios.

5)      De inventario: de bienes y efectos de los menores.


Capítulo 6º
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 23 - Número de funcionarios - Sede de funciones. El número de funcionarios del Ministerio Público y la sede de sus funciones es la siguiente:

a)   El Fiscal General y el Defensor General tendrán sede de funciones en la ciudad capital de la provincia.

b)   En cada Circunscripción Judicial habrá un Fiscal de Cámara por cada Cámara en lo Criminal existente o por salas en que se divida a las mismas.

c)    En cada Circunscripción Judicial habrá un Agente Fiscal por cada fracción no mayor de veinte mil (20.000) habitantes. Idéntica proporción deberá guardarse con relación a los Defensores en el fuero Penal.

d)   En cada Circunscripción Judicial habrá un número acorde de Defensores de Pobres y Ausentes y de Defensores de Menores e Incapaces para atender los intereses en conflicto por cada Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería, de Familia y Sucesiones existentes.

e)    Lo antes dispuesto es sin perjuicio de la creación de Defensorías y Fiscalías descentralizadas, atendiendo a la mejor y más ágil atención del ciudadano, como también en orden a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 9º de la presente.

Artículo 24 - Requisitos. Designación. Inhabilidades. Remoción. Para ser funcionario del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa deberán reunirse las condiciones establecidas en el artículo 216, 2do. párrafo de la Constitución Provincial rigiendo al respecto de dichos funcionarios las inhabilidades y prohibiciones establecidas en los artículos 198 y 201 de la citada Constitución.

El mecanismo de designación y destitución es el establecido en el artículo 217, 2do. párrafo de la Constitución Provincial.


Artículo 25 - Incompatibilidades. Es incompatible con el ejercicio del cargo de funcionario del Ministerio Público el ejercicio del comercio, profesión, cargo público o empleo, exceptuado el ejercicio de la docencia e investigación y en tanto ello no afecte su concurrencia al despacho.


Artículo 26 - Prohibiciones. Les está prohibido a los funcionarios del Ministerio Público:

a)   La práctica de juegos de azar, cuando ello revele frecuencia y desorden grave de conducta.

b)   Recibir dádivas o beneficios de cualquier naturaleza o valor.

c)    Revelar, publicar o divulgar asuntos respecto de los cuales deba mantener reserva funcional.

d)   Podrán actuar en litigios cuando se trate de la defensa de sus propios intereses, del cónyuge, padre o hijos.


Artículo 27 - Remuneración. Las remuneraciones de los funcionarios integrantes del Ministerio Público son equivalentes a las que se fijen para similares categorías de magistrados según el grado de jerarquía y responsabilidad funcional en el que se desempeñen.


Artículo 28 - Orden de subrogancias. Se establece el siguiente orden de subrogancias:


a) El Procurador General es subrogado por:

1)     El Fiscal General.

2)     El Fiscal de mayor antigüedad en el cargo inmediatamente inferior al Fiscal General con asiento de funciones en la capital de la provincia.

3)     El Procurador General "ad hoc" que por orden de lista anual de abogados corresponda.


b) El Fiscal General es subrogado por:

1)     El Fiscal de mayor antigüedad en el cargo inmediatamente inferior, con asiento de funciones en la capital de la provincia.

2)     Los Fiscales que sigan en orden de jerarquía y antigüedad, con sede de funciones en la capital de la provincia.

3)     Los Fiscales Generales "ad hoc" de la lista anual de abogados que por orden corresponda.


c) Los Secretarios de la Procuración se subrogan entre sí.


d) Los restantes miembros del Ministerio Público Fiscal se subrogan entre sí y por último por los Fiscales de Cámara "ad hoc" de la lista anual de abogados que por orden corresponda.


e) El Defensor General es subrogado por:


1)     El defensor de mayor antigüedad en el cargo, con asiento de funciones en la capital de la provincia.

2)     Los defensores que sigan en orden de antigüedad y con sede de funciones en la capital de la provincia.

3)     El Defensor General "ad hoc" de la lista anual de abogados que por orden corresponda.


f) Los Defensores se subrogan entre sí en su respectiva circunscripción judicial, luego por los defensores "ad hoc" de la lista anual de abogados que por orden corresponda.


Capítulo 7º
INSTRUCCIONES GENERALES

Artículo 29 - Instrucciones Generales del superior jerárquico- Objeciones. Las instrucciones generales emanadas del Fiscal General y del Defensor General deberán ser siempre por escrito y serán comunicadas al Procurador General.

Los Fiscales y Defensores que deban cumplir una orden emanada del Fiscal General y del Defensor General, en caso de considerarla improcedente lo harán saber a la autoridad que la hubiere emitido, a efectos de que la ratifique o rectifique. Si se ratifica la instrucción cuestionada, la misma podrá ser objetada fundadamente por ilegalidad e improcedencia.

La objeción será resuelta por el Procurador General, en el término de tres (3) días de elevada a su consideración. En caso de ser ratificada, será cumplida, sin perjuicio del derecho del funcionario de dejar a salvo su discrepancia.

Cuando la instrucción objetada se refiera a actos sujetos a plazo o urgentes, el funcionario del Ministerio Público que recibe la orden, si no estuviere de acuerdo, la cumple a nombre de su Superior, sin perjuicio del trámite de la objeción.


Título II
ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Capítulo 1º
REGIMEN GENERAL

Artículo 30 - Escasez de recursos del requirente. A excepción del fuero penal, los funcionarios del Ministerio Público de la Defensa, actúan en calidad de abogados patrocinantes o apoderados de las personas que acrediten no contar con medios económicos suficientes para acceder a la jurisdicción, trámite que se inicia con una declaración jurada suscripta por el interesado ante el Defensor, en la que consta el requerimiento, los bienes e ingresos con los que cuenta y la conformación del grupo familiar.

Artículo 31 - Comprobación. Cuando de los datos aportados surge con evidencia la veracidad de los extremos invocados como que la cuestión no es atendida por otro sistema jurídico gratuito, los defensores no estarán obligados a realizar comprobación alguna.

Tampoco cuando de la misma declaración jurada surge con evidencia que el requirente cuenta con los recursos necesarios para afrontar los gastos del caso o la existencia de otro sistema de asistencia jurídica de la que es beneficiario o de carácter gratuito que con especialidad se encarga de la cuestión.

Cuando el defensor actuante crea necesaria la determinación de la insuficiencia de recursos, en ningún caso la realiza sobre la base de pautas rígidas. Tiene en cuenta, como mínimo a tales fines, la situación socioeconómica del requirente y su grupo familiar, la integración del mismo, la posible regulación de honorarios en el asunto y la imposibilidad de solventarlos por su cuantía. En tales casos el Defensor puede requerir la elaboración de informes socio ambientales y todo otro pertinente y complementario.

Artículo 32 - Consulta-Asesoramiento. Si subsiste la duda se efectuará consulta sumaria y no vinculante al Colegio Público de Abogados, si el sistema estuviere implementado.

Artículo 33 - Duda. En caso de duda siempre se estará a favor de la prestación del servicio.

Artículo 34 - Presunción de escasez. Cuando la Defensa Pública interviene en juicio como patrocinante o apoderado del actor, demandado o tercero, los Jueces presumen la imposibilidad de esa parte de afrontar los gastos del proceso y nunca exigen en forma oficiosa la tramitación del beneficio de litigar sin gastos.

Artículo 35 - Contralor del demandado. El demandado en acciones de contenido patrimonial, al momento de contestar la demanda, puede exigir se tramite el beneficio de litigar sin gastos a fin de controlar la prueba de la que surja la escasez de recursos de la parte actora.

Artículo 36 - Actos procesales de urgencia o sujeto a plazos, perentorios. Cuando la cuestión traída por el requirente es de urgencia o de trámite impostergable, el Defensor previo tomar la declaración jurada, aun en el supuesto de duda o necesidad de verificación, realizará la tarea procesal que la urgencia requiera, sin perjuicio de continuar, con posterioridad a la normal comprobación de la escasez declarada.

Artículo 37 - Falsedad de la declaración jurada. La falsedad comprobada en cualquiera de los datos de la declaración jurada, hace cesar de inmediato la prestación del servicio y libera al Defensor de toda responsabilidad funcional y personal. En la renuncia el Defensor, expondrá la causal en el expediente judicial del que se trate o hace constar la falsedad o el cese de la prestación del servicio en el expediente interno que se forma con el caso del requirente. Tales prevenciones deberán ser explicadas de modo claro al requirente del servicio en el momento de recibirle la declaración jurada.

Artículo 38 - Carta Poder. Los Defensores son apoderados por los interesados mediante carta poder, la que se instrumenta mediante formulario y es suscripta ante la autoridad jurisdiccional que la reglamentación determina.


Capítulo 2º
PERCEPCION DE HONORARIOS

Artículo 39 - Honorarios. En todas las causas en que actúan los defensores públicos, los magistrados regulan los honorarios devengados por su actuación.

El Ministerio Público de la Defensa persigue por cualquiera de sus funcionarios, autorizados por el Defensor, el cobro de los honorarios regulados cuando el vencido sea la parte contraria y después que sus defendidos hayan cobrado íntegramente el capital reclamado y sus intereses o cuando hubiese una mejora notable de fortuna.

El proceso de ejecución de estos honorarios es exento de todo gasto.

Las circunstancias del presente artículo son comunicadas a todo aquél que solicita el servicio de la defensa pública.

Los honorarios percibidos son depositados en la cuenta especial que determinará la reglamentación y son destinados a brindar apoyo tecnológico y capacitación del recurso humano en la informatización de la gestión.


Artículo 40 - Procedimiento de cobro. En todas las causas en que actúan los defensores públicos, se procederá de la siguiente manera:

a)   Los defensores deben solicitar en los procesos en que intervengan la regulación de honorarios y la determinación de costas a cargo de la contraria vencida, los que serán depositados en la cuenta corriente oficial destinada al efecto.

b)   El cobro de los honorarios regulados, cuando el vencido sea la parte contraria y no fueran oblados, será perseguido conforme lo establece la Ley Provincial K Nº 88 y en el marco del artículo 191 de la Constitución Provincial, debiendo la Fiscalía de Estado producir informe anual a la Procuración General sobre el estado de las ejecuciones y depositar los importes ejecutados en la cuenta aludida en el inciso a).

c)    Los Jueces de los Tribunales Colegiados y Unipersonales cuidarán de no omitir la determinación y alcances de la condena en costas y la consecuente regulación de honorarios en los procesos en los que actuaran los funcionarios mencionados en el inciso a).

Dicha regulación y liquidación de honorarios deberá practicarse conforme la Ley arancelaria vigente para abogados y procuradores.


Artículo 41 - Honorarios en procesos penales. En los procesos penales, los magistrados deben regular los honorarios del Defensor cuando de los informes suministrados a los fines de los artículos 26, 40 y 41 del Código Penal   surja que el encausado posee capacidad económica para pagar los honorarios de un letrado particular. Asimismo, en aquellos procesos penales en los que la parte querellante resultare vencida se establecerán los honorarios del Defensor y costas conforme corresponda.

Artículo 42 - Procedimiento administrativo. Las recaudaciones de dichos recursos, su rendición, control y afectación serán implementadas mediante operatoria que la Procuración General, con participación de la Administración General del Poder Judicial, instruya mediante resolución del organismo a su cargo.


Título III
Capítulo 1º
ORGANISMOS AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 43 - Órganos Auxiliares del Ministerio Público Fiscal. Son órganos auxiliares del Ministerio Público Fiscal, los siguientes:

a)   Las Oficinas de Atención a la Víctima del Delito.

b)   Las Oficinas de Asistencia Técnica.

c)    La Policía de Investigaciones Judiciales.

Artículo 44 - Oficina de Atención a la Víctima del Delito (OF.A.VI.). En cada Circunscripción se organiza, bajo el ámbito de las Fiscalías, la Oficina de Atención a la Víctima del Delito que procurará la necesaria, adecuada y constante asistencia, representación e información. Su estructura y funcionamiento será reglamentada por la Procuración General y su funcionamiento será supervisado por el Fiscal General.

Interviene de modo previo o ya con actuaciones iniciadas, mediante entrevistas con las víctimas, con el objeto de recabar información y coordinar las relaciones que se establecerán con el Agente Fiscal a cargo del caso, como también -a posteriori- coordinará su relación con el Fiscal de Cámara.

Dicha Oficina prestará a la víctima la siguiente información y ayuda:


a) ANTES DE DENUNCIAR:

1)     Conveniencia de formular la denuncia penal.

2)     Ayuda para que pueda exponer convenientemente los hechos.

3)     Información acerca de las pruebas que debe aportar.


b) UNA VEZ FORMULADA LA DENUNCIA:

1)     Informarle claramente sus derechos.

2)     Averiguar organismo y estado en que se encuentra la causa iniciada por su denuncia.

3)     Verificar y hacer saber cuando sea necesario aportar algún dato o concurrir a algún lugar.

4)     Confeccionar escritos simples en aquellos casos en que la víctima necesite solicitar algo por sí en la causa.


c) DURANTE EL PROCESO:

1)     Contestar sus preguntas y aclarar sus dudas cuando no se haya constituido como querellante.

2)     Informarle si puede obtener algún resarcimiento económico y el modo de ejercer este derecho.

3)     Comunicarse con el Juzgado interviniente en el caso de víctimas que sufrieron un delito fuera de la circunscripción judicial.

4)     Acompañamiento en casos de grave victimización, cuando se deban realizar medidas de prueba en las que sea necesaria su presencia, concurrencia al debate o a cualquier otro acto procesal que merezca asesoramiento y contención.


d) FINALIZADO EL JUICIO:

1)   Informarle lo resuelto y explicarle sus alcances.

2)   Poner en contacto a la Fiscalía actuante cuando la víctima desea recurrir la sentencia, cuando no está constituida en parte querellante.

3)   Si la sentencia implica la libertad del imputado, aconsejarle los pasos a seguir para evitar un nuevo conflicto, en los casos en que ello sea previsible.


e) EN TODO MOMENTO:

1)   Procurar el tratamiento cuidadoso, signado por el respeto y consideración que merece quien ha sufrido una ofensa.

2)   Tratándose de menores víctimas, procura la inmediata intervención de los profesionales a cargo del diseño del interrogatorio adecuado para la posterior declaración en cámara gessell u otro medio establecido para tal fin, absteniéndose de formular preguntas directas al menor y procurando que no se encuentre presente al momento de recibir el relato o datos suministrados por quien lo represente.

3)   En todos los casos en los que se presente la necesidad de brindar tratamiento victimológico en atención a la existencia de daño físico, psíquico o social, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, se dará intervención a las instituciones públicas y organismos del Estado que efectuarán la derivación responsable, con seguimiento periódico ofreciendo contención psicoterapéutica y social dirigida a disminuir el impacto que hubiera ocasionado el delito. Dichos organismos e instituciones estarán en contacto con la Oficina de Atención a la Víctima y efectuarán recomendaciones relacionadas con el tratamiento y evolución, absteniéndose de intervenir, aconsejar o efectuar observaciones relativas al caso jurídicamente contemplado.

4)   4) En los supuestos de testigos que necesiten asistencia la Oficina de Atención a la Víctima la proveerá, con comunicación al Fiscal que interviene en el caso. De tratarse de supuestos que ameriten la aplicación de la Ley Provincial S Nº 3217   el Fiscal lo comunicará al Magistrado o Tribunal del proceso quien solicitará su inclusión en el programa a la autoridad de aplicación.

Para el caso de las denuncias por delitos dependientes de instancia privada y de acción pública, cuando resultaren víctimas mujeres, menores y/o integrantes del grupo familiar, las OFAVI deberán garantizar la atención en forma permanente.


Artículo 45 - Oficina de asistencia técnica. En cada Circunscripción se organiza una oficina de asistencia técnica que proporciona apoyo técnico y científico a los Ministerios Públicos Fiscales, comprendiendo las siguientes áreas, como mínimo:

a)   El Área de Informática: será cubierta por la Dirección de Informática Jurídica del Superior Tribunal de Justicia, la que creará un Departamento destinado a la atención exclusiva del Ministerio Público.

b)   El Área de Consultores Técnicos: será cubierta por calígrafos, médicos, contadores y demás profesionales especializados, debidamente inscriptos ante el Superior Tribunal de Justicia, que darán apoyo al Ministerio Público cuando les sea requerido por éste.


Artículo 46 - Policía de Investigaciones Judiciales. La policía de investigaciones judiciales es el órgano auxiliar del Ministerio Público Fiscal, encargado de prestar asistencia técnica y científica para el desarrollo de las investigaciones, como para la búsqueda, recopilación, análisis, estudio de las pruebas u otros medios de convicción que contribuyan al esclarecimiento del caso investigado.

Sus funciones específicas, además de las establecidas en el Código Procesal Penal, son las siguientes:

a)   Auxiliar al Ministerio Publico Fiscal en la investigación de los hechos punibles y brindar asesoramiento en cuanto a la utilización de los medios técnicos, prestando apoyo criminalístico.

b)   Concurrir a la escena del hecho a los fines de su correcta preservación y relevamiento de rastros, informando sobre el estado de las cosas, personas o lugares.

c)    Adoptar los recaudos necesarios y conducentes para asegurar la cadena de custodia de las evidencias.

d)   Aconsejar cursos de acción tendientes a la profundización y éxito de la investigación, como de la captura de los imputados.

e)    Organizar y mantener los gabinetes y laboratorios de criminalística.

f)    Evacuar las consultas técnicas efectuadas por los integrantes del Ministerio Público Fiscal.

g)   Sus integrantes serán consultores técnicos o detectives, debiendo cumplir las órdenes del Ministerio Público Fiscal, hallándose sujetos a su contralor.

La Comisión creada en el artículo 69 de la presente norma, reglamentará el funcionamiento de la Policía de Investigaciones Judiciales, preservando su carácter de auxiliar del Ministerio Público Fiscal y su dependencia administrativa del Poder Ejecutivo Provincial.


Artículo 47 - Órganos auxiliares del Ministerio Público de la Defensa. Son órganos auxiliares del Ministerio Público de la Defensa:

a)   Las Oficinas del Servicio Social.

b)   Las Oficinas de Asistencia al Detenido y Condenado.


Artículo 48 - Oficina de Servicio Social. Las Oficinas de Servicio Social tienen como cometido asesorar, informar y asistir a la defensa pública y a los usuarios del servicio que ésta presta. Como órgano de la Defensa nunca es utilizado en el control de las condiciones impuestas por los Jueces a los procesados, probados y condenados. Cumplen las funciones encomendadas por el Defensor General.

En cada Circunscripción judicial funcionará una Oficina de Servicio Social, con delegaciones en las sedes de defensorías descentralizadas. La jefatura del Servicio estará a cargo de un Jefe de Servicio Social del Ministerio Público, con sede en la 1º Circunscripción, quien coordina, supervisa y evalúa técnicamente al personal del servicio, controlando las jefaturas de las oficinas circunscripcionales. Coordina actividades con organismos oficiales o privados. Evalúa las necesidades de recursos humanos, materiales y presupuestarios elevando propuesta fundada al Defensor General, de quien depende. Son requisitos para integrar el Servicio Social del Ministerio Público, acreditar título habilitante en Servicio Social. Para la Jefatura General del Servicio se deberá acreditar antigüedad en el título no menor de diez (10) años o cinco (5) años de experiencia en cualquier oficina del Servicio Social del Poder Judicial.


Artículo 49 - Adjuntos. Funciones. Requisitos. Designación. Los Adjuntos actúan bajo la supervisión de los titulares de los Organismos a los que son asignados.

Son requisitos para ser Adjunto de los Ministerios Públicos: ser argentino, abogado con dos (2) años de antigüedad como tal o diez (10) años como empleado judicial y veinticinco (25) años de edad como mínimo.

Rigen las inhabilidades y prohibiciones establecidas en sus Arts. 198 y 201 de la Constitución Provincial.

El mecanismo de designación y destitución se regirá por lo dispuesto en el Art. 217, segundo párrafo de la Constitución Provincial.

Tienen responsabilidad personal por el buen desempeño de sus funciones, se encuentran sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones, obligaciones y atribuciones legales y reglamentarias. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad de los respectivos titulares de organismos que ejercen la supervisión.


Artículo 50 - Cuerpo de Relatores. La Procuración General contará con Abogados Relatores, asignados a las Secretarías, en el número que exijan las necesidades del servicio. Asimismo, con igual ponderación, podrá asignar abogados relatores al Fiscal General y al Defensor General.

Los Abogados Relatores dependientes de la Procuración General estarán sujetos a las mismas inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y deberes de los restantes miembros del Ministerio Público. Dependerán de modo directo de la Procuración General y desempeñarán su función de acuerdo a las instrucciones que se les impartan, cumplimentando la carga horaria que se les imponga.

En orden a la complejidad de la labor que se le asigne y a la experiencia profesional con la que cuenten estarán organizados en categorías A y B. El relator categoría A percibirá una remuneración equivalente a la de Secretario de Cámara, el relator categoría B una remuneración equivalente a la de Secretario de 1era.

Instancia.

Serán designados por Resolución del Procurador General, sujeta a ratificación anual.



Capítulo 2º
DEL CONSEJO DE FISCALES Y DEFENSORES

Artículo 51 - Integración. El Consejo de Fiscales y Defensores estará integrado por:

a)   El Procurador General, quien ejerce la Presidencia.

b)   El Fiscal General.

c)    El Defensor General.

d)   Un Fiscal y un Defensor por cada Circunscripción Judicial. Estos últimos serán elegidos a simple mayoría de votos por los miembros del Ministerio Publico de la Circunscripción a la que pertenecen. Su mandato dura un (1) año, pudiendo ser reelectos.


Artículo 52 - Funciones. El Consejo de Fiscales y Defensores tiene las siguientes funciones:

a)   Elabora estrategias de gestión.

b)   DEROGADO por Ley 5113.

c)    Diseña la elaboración del informe anual de gestión.

d)   Dicta su reglamento interno.


Artículo 53 - Sesiones ordinarias y extraordinarias. Es convocado por el Procurador General de modo trimestral a fin de realizar sesión ordinaria, convocando a extraordinaria para la atención de temas de urgencia o el tratamiento de cuestiones disciplinarias.


Artículo 54 - Suplencias. Los miembros del Consejo se suplen del mismo modo que el establecido para las subrogancias automáticas establecidas en esta Ley.


Título IV
Capítulo Único
REGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 55 - Órgano Constitucional. Sanciones. Los funcionarios del Ministerio Público tienen los derechos, deberes y responsabilidades establecidos en la Constitución Provincial. En consecuencia son sancionados, suspendidos o destituidos por el Consejo de la Magistratura.


Artículo 56 - Sumario. Sanciones menores. La tramitación de todo sumario que involucre el accionar de un funcionario del Ministerio Público será sustanciado por el Fiscal General o el Defensor General según se investigue a funcionarios de una u otra división.

Cuando la gravedad de la falta amerita la intervención del Consejo de la Magistratura, el Procurador General dispone el inmediato pase a dicho Cuerpo.

Cuando la sanción a aplicar no sea de las comprendidas en la competencia del Consejo de la Magistratura serán aplicadas por el Procurador General.


Artículo 57 - Causales de sanción. Los funcionarios del Ministerio Público podrán ser sancionados disciplinariamente:

a)   Por violación al régimen de inhabilidades al momento de la designación o de las prohibiciones impuestas por la Ley o los reglamentos.

b)   Por violación a las incompatibilidades con el desempeño del cargo o de los deberes que el mismo impone.

c)    Por las faltas y omisiones que cometa en el desempeño del cargo.

d)   Por grave desarreglo de conducta que trascienden el ámbito privado y provocan desdoro de la función y la investidura.

e)    Por infracción al orden y respeto de las actividades judiciales.

f)    Por actos, publicaciones o manifestaciones que atentan contra la autoridad, el respeto, dignidad y decoro de los superiores jerárquicos y/o de sus pares.

g)   Por incumplimiento injustificado de actividades del Ministerio impuestas orgánicamente y con carácter obligatorio.

h)   Por abandono injustificado y transitorio de su función, en los horarios y turnos reglamentarios.

i)     Por incumplimiento de instrucciones generales impartidas por el superior jerárquico.

Estas faltas serán pasibles de sanciones disciplinarias a quien las cometiere, previa sustanciación de sumario que garantice el debido derecho de defensa.

Artículo 58 - Sanciones. Las medidas disciplinarias consistirán en:

a)   Prevención.

b)   Apercibimiento.

Artículo 59 - Reiterancia. Si a un mismo funcionario le fueren impuestas, por diferentes infracciones, tres (3) sanciones de apercibimiento o dos (2) de multa, sin que hubieren transcurrido diez (10) años entre la fecha de firmeza de la primera sanción y la comisión de la falta que originó la última, será su caso elevado al Consejo de la Magistratura bajo la imputación de mal desempeño.

Artículo 60 - Recursos. Las sanciones impuestas conforme este Título serán susceptibles de los recursos de reconsideración, ante quien las aplicó. El plazo para la interposición de los recursos será de tres (3) días.


Título V
Capítulo Único
RÉGIMEN DE LOS EMPLEADOS

Artículo 61 - Los funcionarios de Ley, empleados de planta y transitorios que cumplen sus tareas en el ámbito del Ministerio Público, continuarán sujetos a las prescripciones del Libro Segundo Sección Tercera Título Segundo Capítulo Único de la Ley Provincial K Nº 2430 y del Reglamento Judicial, en todo lo atinente al escalafón, condiciones de ingreso, carrera, estabilidad, régimen disciplinario, derechos y deberes, prohibiciones, licencias y remuneración.

Artículo 62 - Disponibilidad del Empleado. Sin perjuicio de pertenecer a la planta de personal del Poder Judicial, los agentes afectados a los Ministerios Públicos de la Provincia, sólo podrán ser rotados entre organismos mediando resolución de la Procuración General.

Los pases y traslados a distinta Circunscripción, lo son siempre mediando consentimiento del empleado. La incorporación de empleados con afectación a los Ministerios Públicos es puesta a consideración del Superior Tribunal de Justicia, debidamente fundada en términos de mérito, oportunidad y conveniencia, la que debe ser resuelta también fundadamente.

 

Título VI
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO

Artículo 63 - Presupuesto. El presupuesto general del Poder Judicial estará diseñado con programas diferenciados que atiendan las necesidades del ámbito jurisdiccional y del ámbito de los Ministerios Públicos.

El Procurador General remite anualmente y con la debida antelación el requerimiento presupuestario del Ministerio Público al Superior Tribunal de Justicia para la elaboración del presupuesto general del Poder Judicial.

Artículo 64 - Ejecución Presupuestaria. La ejecución del presupuesto se hará de conformidad a las normas del Presupuesto General del Poder Judicial por medio de los órganos y sujeto a los controles y fiscalización que corresponda.

El Administrador General y demás funcionarios del área del Poder Judicial, en lo atinente a la ejecución presupuestaria destinada al Ministerio Público, tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades, en el gerenciamiento, la revisión, gestión, consecución y liquidación de fondos que correspondan, según el presupuesto en vigencia, que las asignadas con relación al Superior Tribunal de Justicia. A tal fin, actuará en coordinación con la Secretaría de Superintendencia de la Procuración General.

El Superior Tribunal de Justicia no podrá realizar modificaciones del presupuesto aprobado para el Ministerio Público, sin consentimiento expreso del Procurador General.

Artículo 65 - Recursos. Estarán integrados por:

a) Los recursos provenientes de Rentas Generales previstos anualmente en el presupuesto general del Poder Judicial, para el programa del Ministerio Público.

b) Los recursos propios generados por:

1)     Los montos provenientes de honorarios y costas regulados en su favor.

2)     Los montos provenientes de las multas impuestas en los procesos penales.

3)     Donaciones y aportes de entes provinciales, nacionales o internacionales.

4)     Otros fondos especiales que se le atribuyan.


Título VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES
Capítulo 1º
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

Artículo 66 - Reglamento General de Superintendencia del Ministerio Público. El Procurador General dicta el Reglamento General de Superintendencia del Ministerio Público en el que se establecerá:

a)   La organización jerárquica que rige en el Ministerio Público dentro de la cual cada miembro controla el desempeño de los inferiores y de quienes lo asistan.

b)   Las reglas básicas de funcionamiento, bajo premisas de eficacia en la función, mediante el trabajo en equipo, la capacitación permanente, la adaptabilidad de las tareas asignadas y la responsabilidad compartida.

c)    La eliminación de trámites innecesarios, con exceso ritual o descuido en la atención al público, debiendo ajustar el actuar a lo dispuesto en el Anexo I a la Ley Provincial K Nº 2430, "Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Patagonia Argentina ante la Justicia".

Artículo 67 - Otras reglamentaciones e instrucciones generales. El Procurador General dictará el Reglamento General de Superintendencia, demás reglamentaciones e instrucciones generales necesarias para el funcionamiento del Ministerio Público y para la paulatina puesta en función de las disposiciones contenidas en la presente.

Capítulo 2º
VIGENCIA- GRADUALIDAD EN LA IMPLEMENTACION

Artículo 68 - Principio de Gradualidad. Las disposiciones de la presente Ley en cuanto tengan impacto presupuestario directo, son de aplicación gradual en el ejercicio de que se trate, conforme lo permitan las asignaciones presupuestarias que en lo sucesivo se dispongan para el Poder Judicial dentro del programa correspondiente al Ministerio Público.

Aquellas disposiciones que para su aplicación requieran incrementos presupuestarios serán volcadas en un programa plurianual de implementación gradual, con costeo del mismo, el que debe ser remitido al Superior Tribunal de Justicia y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura Provincial para su consideración y respectiva inclusión presupuestaria.

Artículo 69 - Comisión para la conformación de la Policía de Investigaciones. Se establecerá una Comisión para la conformación de la Policía de Investigaciones Judiciales, con integrantes de la Policía de la Provincia de Río Negro. Dicha comisión se integrará de la siguiente manera:

a)   El Procurador General.

b)   El Presidente del Superior Tribunal de Justicia.

c)    El Ministro de Gobierno y el funcionario que éste designe.

d)   El Ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos.

La Comisión evaluará los recursos disponibles, compatibilizándolos con las necesidades que el sistema requiera y propondrá un proyecto de reglamentación de su funcionamiento, como así también, de surgir su necesidad, elaborará un anteproyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia.

Artículo 70 - Disponibilidad de Recursos. Cuando las disponibilidades presupuestarias permitan adelantar la puesta en vigencia de las distintas disposiciones contenidas en la presente Ley, las autoridades competentes podrán realizar las readecuaciones presupuestarias que correspondan.


Saltar a contenido

¡CSS Válido!

 
 

Poder Judicial de Río Negro