Proveído

Organismo: Camara del Trabajo, Sec. 1

Ciudad: Bariloche

N° Expediente: 23997/12

N° Receptoría:

Fecha: 2012-06-21

Carátula: CONTRERAS, Alberto C/ HORIZONTE CIA. ARG. DE SEGUROS GRALES. S.A. S/ SUMARIO (l)

Descripción: Inicia demanda sumaria- DIGITAL

CONTRERAS, Alberto C/ HORIZONTE CIA. ARG. DE SEGUROS GRALES. S.A. S/ SUMARIO (l) - Exp. N° 23997/12

PROMUEVE DEMANDA POR COBRO DE PRESTACIONES DINERARIAS POR MUERTE. SOLICITA INCONSTITUCIONALIDAD

EXCMO. TRIBUNAL:

                             

LAURA CECILIA RONCATI, abogada de la matrícula, apoderada del Sr. ALBERTO CONTRERAS, D.N.I. N° 8.213.038, con el patrocinio letrado de ANA MARÍA VERA y MARIELA ALEJANDRA CONTRERAS, en carácter de administradora judicial en autos “Antunao, María Irene S/ Sucesión Ab Intestato”,EXPTE 0477/220/11 , con domicilio real en Barrio Alborada, casa 95 de esta ciudad y constituyendo domicilio en calle Sarmiento 497 2do “C” de esta ciudad y electrónico en iuspatbche@gmail.com, digo:

I. ACREDITA PERSONERIA

Que acredito mi carácter de apoderada del Sr. ALBERTO CONTRERAS, D.N.I. 8.213.038, con domicilio real en Barrio Alborada casa 95 mediante Poder Laboral otorgado por ante el Juez de Paz local, cuya autenticidad y vigencia a la fecha declaro bajo juramento.

Asimismo, se acompaña certificación expedida en los autos “ANTUNAO, MARIA IRENE S/ SUCESION AB INTESTATO” Expte 0477/220/11. del cual surge que la Sra. Mariela Alejandra Contreras es la administradora judicial de dicha sucesión.

II- OBJETO

Que iniciamos la presente demanda en contra de HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA SEGUROS GENERALES SA, con domicilio en calle Laprida 545 de la ciudad de Viedma, a fin de que se la condene a abonarnos las sumas correspondientes a las PRESTACIONES DINERARIAS previstas por el art. 18 de la ley 24557, con más los intereses, costos y costas del juicio.

III. COMPETENCIA. PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Este Tribunal es competente para entender en las presentes actuaciones conforme surge de lo dispuesto por el art 6,7 y concordantes de la Ley 1.504 de la Pcia de Río Negro.-

Mediante la presente acción pretendemos se condene a la ART accionada al pago de sumas que se liquida en la demanda en el “acápite VII Liquidación”. En tal sentido entendemos que V.S es competente para intervenir en el presente reclamo de las sumas que estimamos se nos adeudan con motivo del infortunio sufrido por la Sra. María en fecha 27 de mayo del 2010.Y atento que la LRT no ha previsto el órgano competente para este tipo de pretensiones , debemos estar al principio general de la asignación de la competencia (art 8 del Pacto de San José de Costa Rica ,arts 18,75 inciso 12, art 109, 116 , 121 y concordantes de la Constitución Nacional , y arts 12 ,196 , 209 y concordantes de la Constitución Provincial , art 50 inciso 3 apartado a) de la ley Orgánica del Poder Judicial y art 6 de la Ley 1.504.-

Ante el reclamo del otorgamiento de las prestaciones previstas por la LRT, entendemos que es competente este Tribunal del Trabajo.-

El máximo Tribunal provincial tiene dicho que conforme surge de los arts 116 y 117 de la Constitución Nacional, la jurisdicción federal es limitada y excepcional, la que no comprende lo que es materia local de derecho común, no delegada (art 75 inc. 12 y 22 CN como lo es el régimen de la LRT. La adjudicación de la competencia a la Justicia federal no corresponde ni por la materia, ni por los sujetos involucrados. Las A.RT son entidades privadas, con fines de lucro, sometidas al régimen de sociedades comerciales y no administrativas. Se afectaría la autonomía provincial al sustraer de su competencia una materia reservada a los tribunales locales.

A todo evento, ante la hipótesis poco probable que el Tribunal o la accionada entendiese que la presente causa en el aspecto analizado es de competencia federal por aplicación analógica de lo previsto por el art. 46 Ley 24.557, esta parte desde ya -ante tal supuesto- solicita se declare la INCONSTITUCIONALIDAD de dicha norma y/o de cualquier otra en virtud de la cual se pretenda la competencia federal para entender en las presentes actuaciones. Ello en base a que la atribución de competencia al Juez Federal implicaría VIOLAR EL PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL, dado que la Ley 24.557 es de derecho común, en tanto no hay ni materia, ni sujeto, ni lugar federal, y, en consecuencia, el juez natural para su aplicación es el ordinario, local o provincial y no el federal ( arts. 5, 75 Inc. 12 y 116 CN). Y esa atribución de competencia no podría ser modificada por una ley del Congreso. Criterio éste receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “CASTILLO C/ CERÁMICA ALBERDI”.-

Todos los hechos y circunstancias contenidas en la ley de Riesgos del Trabajo 24557 son de DERECHO COMÚN, por lo que el juez natural para su aplicación es el ordinario, local o provincial y no el Federal (arts. 5, 75 Inc. 12 y 116 C.N.). Las circunstancias previstas en la cuestionada ley no corresponden ni a persona, ni a lugar, ni a materia Federal, por lo que es irrazonable y arbitrario y por lo tanto inconstitucional atribuir a un juez federal el juzgamiento de hechos y circunstancias del derecho común.-

No hay justificación ni argumento alguno que permita que una ley del congreso provoque o genere una gravísima e irracional exclusión de la justicia provincial en todos los ámbitos, y de la justicia del trabajo en este caso particular. La justicia Federal no puede actuar en jurisdicción provincial, en asuntos derivados de conflictos laborales entre un trabajador y su empleador y su ART.-

Al respecto reiterada jurisprudencia ha dicho: “Para que una ley del congreso determine la competencia federal debe tratarse de un derecho federal, lo que excluye a la ley sobre riesgos del trabajo, que se trata de derecho común, de materia laboral, cuyo código sustantivo es aplicable por los jueces nacionales o de las provincias, según que las cosas o las personas caigan bajo sus respectivas jurisdicciones :Jfed, 1 Inst., Mendoza, Dic. 11/97, Pérez, María / ART, TySS 1998-619.-

Nuestro STJ ha adoptado como doctrina considerar inconstitucional el art. 46 inc.1 de la ley 24557, receptando lo plasmado por la CSJN en los autos “Castillo, Angel c/ Cerámica Alberdi S.A” (autos “Denicolai, Ricardo Javier c/ Petroquímica Comodoro Rivadavia S.a y otros s/ reclamo s/ inaplicabilidad de ley”, Expte 17983/ 02 STJ, de fecha 10/11/2004; “Ruminot, Nelson Omar c/ San Cristóbal Seguros de Retiro S.A s/ reclamo s/ inaplicabilidad de ley”, Expte 22206/07, del 14/04/2009.)

Por lo cual se entiende que el Tribunal del Trabajo es competente para entender en la presente situación.-Subsidiariamente para el supuesto de no entenderlo de tal forma tenga por planteada inconstitucionalidad de la normativa referenciada.-

IV- EXORDIO:

Venimos a iniciar formal DEMANDA en contra de HORIZONTE COMPAÑÍA ARGENTINA SEGUROS GENERALES SA, a fin de que se la condene a abonar a los actores las sumas correspondientes a las indemnizaciones previstas por el art. 18, que a su vez remite al art. 15, apartado 2 y al art. 11, apartado 4, inc.c) de la Ley 24557, con mas los intereses, costos y costas del juicio.

a) En la presente causa los actores reclaman, las indemnizaciones que le corresponden por la muerte producida en accidente in itinere, de la Sra María Irene Antunao, ocurrida el día 27 de mayo de 2011, conforme la LRT.

b) Igualmente en la presente causa se reclama, se declare la inconstitucionalidad del art. 18, apartado 1, que remite al Art. 15, apartado 2, en la parte que establece, el pago de una prestación de pago mensual.

A su vez y atento encontrarse involucradas normas de carácter constitucional, cuya eventual violación se configuraría con un fallo contrario a la presente pretensión de esta parte, dejo formulada desde ya la reserva del caso federal en los términos y alcances del Art. 14 de ley 48.-

V- HECHOS:

La causante, Sra. María Irene Antunao, laboraba en la Delegación local del Ministerio de Trabajo, con una antigüedad de 28 años de servicios, aproximadamente.

Anteriormente, había prestado servicios en el Hospital Zonal Ramón Carrillo de esta ciudad, entre los años 1965 y 1978.

El día 27 de mayo de 2011, la Sra. Antunao, se dirigía hacia su lugar de trabajo, y es embestida por un automotor que le causa la muerte a los escasos 40 minutos –aproximadamente-.

Poco tiempo después, del fallecimiento de la Sra. Antunao, una de sus hijas comienza a realizar el reclamo – de manera informal- originariamente hasta que luego debimos cursar carta documento tendiente a obtener el reclamo previsto en el art. 18 de la LRT.

La denuncia realizada ante la Aseguradora, fue recibida por la delegación local en fecha 31 de mayo de 2011. La misma debió hacerse de forma personal, porque su empleadora (Ministerio de Trabajo de la Provincia de Río Negro) se negó a darnos los formularios que debíamos presentar en el plazo de ley.

Si bien se presentaron todos los papeles necesarios, debimos intercambiar cartas documentos para obtener el pago de la indemnización prevista por la LRT por muerte del trabajador.

Como respuesta a una de las primeras cartas documentos cursadas, la ART Horizonte nos envía con fecha 8 de junio de 2011, una carta donde nos detalla la documentación a presentar. Se vuelve a presentar la misma documentación que se acompaño cuando se realizó la denuncia, sin obtener respuesta alguna.

A los pocos meses, y luego de hablar telefónicamente, nos entrevistamos con el Dr. Osuna, quien nos dice que recién la Aseguradora podrá pagarnos cuando tengamos declaratoria de herederos.

Dicha declaratoria, recién la obtuvimos a fines del año 2011. Atento a lo dicho de manera personal por parte del Dr. Osuna, abogado de la aseguradora, recién volvimos a intimar el pago de la indemnización reclamada, en fecha 14 de febrero de 2012, luego de infructuosos llamados, teniendo ya la declaratoria de herederos.

Nos remiten carta documento, de fecha 23 de febrero de 2012, donde nuevamente se nos pide la misma documentación (a saber, copias legalizadas de los DNI de los hijos y del cónyuge, de la partida de defunción, del certificado de matrimonio, domicilios actualizados).

Por tercera vez, y está vez por escrito se deja la misma en la delegación local de la Aseguradora con fecha 2 de marzo de 2012.

Además, con fecha 12 de marzo de 2012 se nos dirige nota “con relación al derecho de percibir la prestación dineraria establecida en el art. 19 inciso 1 (sic) por el fallecimiento de la Sra Antunao, María Inés (sic), con motivo de su accidente de trabajo sufrido con fecha 27/05/2011”, con formulario de solicitud de cotización y estipulando que el capital a abonar es de $ 151.609,95 conforme lo estipulado por el DNU 1694/09.

Esa suma y el modo de pago se rechaza por carta documento, de fecha 23 de marzo de 2012, por no estar a derecho, ya que el citado DNU, modifica el art. 11, apartado 4, inc. c) cuando establece claramente que además de las prestaciones establecidas por el artículo 18, apartado 1 de la ley 24557, los beneficiarios percibirán, una compensación dineraria adicional de pago único de $ 120.000 (ciento veinte mil pesos).

Es notorio que la suma ofrecida, no corresponde con lo que la Aseguradora debe abonar porque la indemnización por muerte, de acuerdo con la ley 24557, se establece con dos montos, uno de renta periódica (cuya forma de pago ha sido declarada inconstitucional) y una suma adicional de pago único. Esta última suma fue incrementada, por el decreto 1694/09, a la suma de $ 120.000. Asimismo el mismo decreto suprime los topes previstos en el artículo 14, inc.2, apartados a) y b), y en el artículo 15, inciso 2, in fine, respectivamente de la ley 24557 y sus modificaciones.

A pesar de la normativa vigente, con fecha 3 de abril de 2012, la Art vuelve a rechazar el reclamo, “debido a que Horizonte Art se encuentra sujeta a lo determinado por la ley de Riesgos del Trabajo, encontrándose en consecuencia cumpliendo con la misma ley”, de acuerdo a sus propios dichos. Es claro, que no cumple con lo normado (amén del pedido de declaración de inconstitucional que plantea esta parte) y con su accionar nos obliga a iniciar la presente acción para lograr el cobro de las prestaciones dinerarias debidas por muerte del trabajador.

VI. DECLARACIÓN DE INCONSTUCIONALIDAD DEL ART. 15 , APARTADO 1.

En cuanto a la renta, establecida por el art. 18, apartado 1, que remite al art. 15 apartado 2, esta parte solicita se declare inconstitucional en la parte en que establece una prestación de pago mensual. Dado la edad del Sr Alberto Contreras y su estado de salud (se adjunta certificado de discapacidad), el sistema de pago de una renta periódica agravia al actor por resultar manifiestamente INCONSTITUCIONAL, porque resulta irrazonable, viola el principio protectorio de la familia del trabajador reconocido por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, viola el derecho de propiedad establecido por el art. 17 de la Constitución Nacional, y resulta discriminatorio y por lo tanto violatorio del art. 16 CN. Es equiparable con la idea de justicia, la reparación dineraria en un solo pago, permitiéndole así usufructuar plenamente la reparación establecida por el legislador para compensar el daño sufrido y poder dar cumplimiento al fin alimentario perseguido por la legislación laboral.

En cambio, de abonarse integrante tal indemnización, los actores podrán emprender alguna actividad lucrativa, que puedan adquirir con el pago de toda la indemnización integra, y ello justamente determinara que los actores, puedan vivir con el producido de tal explotación, sin que por ello se vean obligado a disponer integrante mes a mes de tal renta periódica solo para vivir, y por un lapso, siendo condenando al tiempo del pago de dicha indemnización a la total miseria, aumentando sus avatares diarios.

El sistema de la ley 24.557, bajo la apariencia de protección para el futuro a través del cobro permanente de una renta mensual, en realidad lo que hace es configurar en forma indirecta pero significativa, una desprotección, por inequidad de la solución, a las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional para la tutela de los familiares del trabajador a causa del infortunio ocurrido. En el caso de autos, la aplicación de la ley 24.557 compromete el art. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional, al cercenar la autonomía de la voluntad, y el derecho de propiedad.

Compartimos la doctrina sentada por el Tribunal del Trabajo Nro. 1 de Necochea en autos “AIMAR Celia c/ La buenos Aires New Cork Life Seguros SA”, donde se estableciera que “Siendo la prestación de pago mensual complementaria, establecida por el art. 15 apartado 2, ley 24557, ajena al marco del derecho de la seguridad social, ella resulta ser una propiedad absoluta de los beneficiarios, al igual que cualquier otra indemnización emergente de una acción de daños y perjuicios del derecho común, ergo sus beneficiarios tienen derecho a usarla sin más restricciones de monto y tiempo que el que determinen

normas constitucionales; en consecuencia no puede la ley 24.557 establecer una tutela del estado, que culmina siendo, antes que una protección a las víctimas, una interdicción violatoria del derecho de propiedad consagrado en el art. 17 CN, consumada con la participación compulsiva de un contrato de seguro de retiro destinado al fomento de un mercado financiero incompatible con los objetos de la indemnización, y contrario a los designios del art. 75 inc. 19 de la CN.”

En este sentido, seguimos el criterio planteado por la Corte Suprema de Justicia a partir del fallo MILONE. Si bien en ese caso se rechaza la renta periódica por parte de un trabajador con una incapacidad laboral permanente parcial, creemos que es aplicable analógicamente en el caso de marras porque la aplicación de la renta periódica es aún más perjudicial en el caso de muerte del trabajador, sostén de familia y teniendo en cuenta la edad y las condiciones de salud del actor. En dicho fallo se destacó “Que desde antiguo, el Tribunal ha establecido que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional “cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuren o cuando consagren una manifiesta inequidad “ Fallos:299:428,430, considerando 5to y sus numerosas citas). No se debe perder de vista que la LRT ha previsto, con toda claridad, que uno de sus "objetivos" es "reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (art.1.b) y esto precisamente no se estaría cumpliendo con el pago de una renta periódica.

En el caso Millone, el Alto Tribunal destacó que “…particular importancia cobra el

Convenio 17 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1925, ratificado por nuestro país, y que tiene jerarquía superior a las leyes (Constitución Nacional, art. 75.22), puesto que, si bien dispone el pago de la indemnización "en forma de renta", como lo afirma la recurrente, no deja de prever la posibilidad del pago "en forma de capital" (art. 5), circunstancia que silencia esta última al transcribir el precepto de manera parcial”, destacando luego que “…tanto la historia legislativa nacional cuanto la fuente internacional atestiguan la inconsistencia de las reglamentaciones que, al modo de la sub lite, se agotan inflexiblemente en indemnizaciones de pago periódico, cuando lo que aquéllas deben consagrar es una reparación equitativa, o sea, que resguarde el sentido reparador in concreto”.

Asimismo debe tenerse presente que en el sistema impuesto por la normativa cuestionada, la aseguradora debe abonar el capital al contado, con lo que nada le afecta abonársela a una Compañía de Seguros de Retiro o al beneficiario, siendo ésta la solución que debió contemplar la ley.-

La norma cuestionada también viola el PRINCIPIO PROTECTORIO reconocido por el art. 14bis de la Constitución Nacional.- La imposición del pago de una parte de la indemnización mediante una renta periódica, ignora los fines que deben tener y han tenido los regímenes que reparan los accidentes de trabajo, dejando desprotegido al núcleo familiar del trabajador, frente al accidente, que le ha causado la muerte.

En este sentido, agrega la Corte en el fallo MILONE, que un “Un trance de tamaña gravedad, por ende, llevará seguramente al trabajador y, en su caso, a la familia de éste a una profunda reformulación de su proyecto de vida, para lo cual la indemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia inocultable por mayúsculo. Es precisamente por ello que el medio reparador, de ser inadecuado, puede añadir a la mentada frustración, una nueva, tal como sucede con el sistema originariamente previsto por la LRT. En efecto, esta última reduce drásticamente el universo de opciones que le permitirían al trabajador reformular dicho proyecto. Por su carácter, el art. 14.2.b impide absolutamente las alternativas realizables mediante una indemnización de pago único, aun cuando fueran más favorables a la víctima, la que deberá contentarse con escoger dentro del marco más que estrecho que le impone la renta. De tal manera, y si bien cabe descartar que sea un fin querido por el legislador, lo decisivo es que el ámbito de libertad constitucionalmente protegido en el que se inserta el proyecto de vida, es objeto de una injerencia reglamentaria irrazonable al no encontrar sustento en ningún fin tutelar legítimo.” (el subrayado nos pertenece).

Asimismo, la forma de pago cuestionada, viola los DERECHOS CONSTITUCIONALES de PROPIEDAD y de LIBRE CONTRATACIÓN reconocidos por los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional.-El sistema de pago mediante una renta periódica acarrea la pérdida de disponibilidad y control de su dinero por parte del beneficiario, sin tener en cuenta que la administración del monto total por parte de éste le podría permitir obtener frutos más rentables o cubrir las necesidades que su nueva realidad le imponen, de la forma que él entienda mas adecuada, manteniendo el capital. Y con ello resulta violatoria del derecho de propiedad garantizado por el art. 17 de la Constitución Nacional.

En este sentido, la Cámara Laboral de Rosario, Sala II resolvió que “La doctrina de la lesión prevista por el art. 954 del código Civil es aplicable a la contratación impuesta por el Dec. 334/96 –reglamentario de la ley 24557 de riesgos del trabajo-en cuanto compele al damnificado a optar por el régimen de retiro programado o renta vitalicia, pues el sistema trunca “a priori” la autonomía de la voluntad, constituyendo una lesión subjetiva a su derecho de propiedad.” (CLab. Rosario, sala II, Correa c/ Siembra AFJP- DT. 2003_A- 471).

El sistema imperativamente impuesto por la norma en análisis, aparece como subestimando la capacidad del beneficiario de administrar su dinero (lo cual viola el derecho a la igualdad y resulta discriminatorio), a la vez que favorece el lucro de las

empresas de seguros de retiro que tienen como clientes cautivos al universo de trabajadores que resulten fallecidos por accidentes de trabajo.

Por otra parte, el sistema de RENTA PERÍODICA impuesto por la ley, como bien entendió la Corte en el fallo analizado, determina un tratamiento DISCRIMINATORIO, violatorio del art. 16 de la CN para los trabajadores víctimas de las incapacidades más severas, “…en tanto a quienes sufren una minusvalía de rango inferior les reconoce una indemnización de pago único (art. 14.2.a, ley citada), distinción que no se compadece con la atención de las necesidades impostergables de las víctimas más afectadas por la incapacidad, desnaturalizándose por esa vía la finalidad protectoria de la ley (Constitución Nacional, arts. 16 y 75, inc. 23).”

La indemnización en cuestión es una reparación del daño sufrido a consecuencia de un accidente laboral, y el beneficiario de esa indemnización ( art. 17 de la C.N) es la familia del trabajador, en el caso de marras su cónyuge, quien debe preservar la posibilidad de optar por su pago total o en forma de renta. El pago en forma de renta periódica no merece objeción constitucional en cuanto tal, pero la ley sí merece dicha crítica en razón de no prever la opción a la víctima.-

Por lo expuesto solicitamos, por entender ajustado a derecho, se declare la inconstitucionalidad del art 15 apartado 2 de la LRT, en cuanto dispone el pago de “una prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente al régimen provisional”, y se condene a la accionada al pago de la prestación del art 15 apartado 2 en un único pago.-

VII. LIQUIDACION

Al momento del accidente -27 de mayo del 2010 – la asegurada contaba con 57 años de edad .-Por lo tanto el coeficiente previsto por el art 14 inciso 2do apartado b de la LRT es de 1,140 (65/57).- Su último haber, correspondiente al mes de mayo de 2011, fue de $ 4019,96.

Cálculo: haber x 53 x 1,14= 4019,96 x 53 x 1,14= $ 242.885, 98

1) Prestaciones art 15, apartado 2 de la LRT……………….…..…….$ 242.885,98

2)Indemnización art 11, apartado 4, inc. c…………………………… $ 120.000,00

TOTAL ……………………………….....................................…………..$ 362.885.98

La suma que se reclama en autos, asciende a PESOS trescientos sesenta y dos mil ochocientos ochenta y cinco, con noventa centavos con mas intereses, costos y costas .-

VIII DERECHO :

Fundamos el derecho que hace a nuestra parte en las disposiciones de la Constitución Nacional, Ley 24.557 y en sus reglamentaciones, Decreto Nº 1694/09, Ley 1504 , CPCC y en todas las disposiciones civiles y laborales vigentes y concordantes y en la Jurisprudencia citada.

En los autos caratulados “Pages, Beatriz Eloísa c/ CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo y otro”, CNTrab., Sala IV, 28/3/08) se aplicó el caso “Milone”:

“Resulta correcta la declaración de inconstitucionalidad del art. 15, apartado 2, segundo párrafo de la ley 24.557. Ello es así porque, dada la situación fáctica de autos, se mantiene inconmovible el argumento central del precedente “Milone'; el sistema de pago de una renta periódica no permite que el titular del derecho patrimonial encare un nuevo proyecto de vida, violentándose así los principios emanados de los arts. 14, 14 bis, 16 y 17 de la CN”.

“Cabe destacar que el Supremo Tribunal no descalificó el sistema de pago de la prestación del art. 14, inc. b) de la ley 24.557 con carácter general sino en cuanto impone con carácter obligatorio una rigidez que, en casos concretos como el de autos, podría dar lugar a la desprotección de la causahabiente. Por ello, no resulta censurable la decisión del sentenciante que establece que la reparación dineraria sea satisfecha en un solo pago, permitiéndole así usufructuar plenamente la reparación establecida por el legislador para compensar el daño sufrido y poder de esta manera dar cumplimiento al fin alimentario perseguido por la legislación laboral”.

“Adhieren al análisis efectuado por la Sala V de esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en cuanto a que “… si bien la doctrina del fallo del Alto Tribunal fue establecida en una causa en la que el reclamante estaba afectado por una incapacidad parcial y permanente equivalente al 65 % de la total obrera, tales razonamientos son plenamente aplicables al caso de muerte del trabajador, pues, para este último supuesto, la norma (art. 18, ley 24.557) también establece una reparación mediante el esquema de renta periódica (prestaciones dinerarias de pago mensual)' (conf. sent. nº 68.448, dictada en autos “Guzmán, María de las Mercedes p/ sí y en representación de sus hijas menores c/ Securitas S.R.L. y otros s/ acc. - ley 9688”, S.D. del 22/5/06)”.

“En igual sentido también se han expedido, entre otros, la Procuradora Fiscal de la Nación al dictaminar que corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 15, ap. 2, 18 y 19, inc. 1) de la LRT, estableciendo que correspondía condenar a la ART a abonar en un pago único la indemnización por incapacidad laboral reclamada (100 %), porque el caso guardaba relevante analogía con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Milone', y también las Salas IX y X del fuero, en el sentido que “… Si la accionada (AFjP) recibió por parte de la ART la transferencia del importe correspondiente a la indemnización del causante, la que se acreditó en la cuenta de capitalización del mismo, todo en los términos del art. 91 de la ley 24.241, parece claro que en nada le perjudica el tener que entregar a los derechohabientes del trabajador el importe que arroje la liquidación de las cuotas partes en un único pago, máxime que tanto en la contestación de demanda como en el recurso se insiste en que la suma transferida no le pertenece y que tampoco lucra con la misma, sino que los afiliados (o sus herederos) son los únicos beneficiarios de las inversiones que se efectúen y la rentabilidad de las mismas' (conf. Sala X, CNTrab., sent. nº 8147, 26/5/00, in re “Palacios de Santucho, Graciela p/ sí y en representación de sus hijas menores c/ Orígenes AFJP s/ indemn. por fallecimiento”) y que “… La AFJP… es un mero receptor de un depósito efectuado por la ART, correspondiente a la indemnización de la trabajadora accidentada, y en nada la perjudica tener que entregar a la reclamante el importe de un pago único que le ha sido transferido, máxime siendo… un organismo meramente receptor y administrador de fondos de sumas de dinero que garantiza a los beneficiarios una cierta sustitución de los ingresos que la actora generaba para sí y su entorno familiar' (conf. Sala IX, CNTrab., sent. nº 12.908, 31/10/05, en la causa “Santos, Ana c/ Siembra AFJP S.A. s/ accidente”)”.

Nuestro Tribunal Superior de Justicia, también ha receptado los argumentos del precedente Milone. Recientemente, con fecha 2 de noviembre de 2011, en los autos “SUAREZ, PEDRO ROLANDO C/ DIOMEDI, JUAN; DIOMEDI, ALBERTO EDUARDO Y MAPFRE ASEGURADORA A.R.T. S.A. S/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Expte Nº 25009/10-STJ) ha dicho que “la Corte –entre otras consideraciones- expresó: “Que, desde otra perspectiva, está fuera de toda duda que una discapacidad, sobre todo de las comprendidas por el art. 14.2.b, repercutirá no sólo en la esfera económica de la víctima, sino también en diversos aspectos de su personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural y social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 315:2834, 2848, considerando 12, entre muchos otros). Un trance de tamaña gravedad, por ende, llevará seguramente al trabajador y, en su caso, a la familia de éste a una profunda reformulación de su proyecto de vida, para lo cual la indemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia inocultable por mayúsculo. Es precisamente por ello que el medio reparador, de ser inadecuado, puede añadir a la mentada frustración, una nueva, tal como sucede con el sistema originariamente previsto por la LRT. En efecto, esta última reduce drásticamente el universo de opciones que le permitirían al trabajador reformular dicho proyecto. Por su carácter, el art. 14.2.b impide absolutamente las alternativas realizables mediante una indemnización de pago único, aun cuando fueran más favorables a la víctima, la que deberá contentarse con escoger dentro del marco más que estrecho que le impone la renta. De tal manera, y si bien cabe descartar que sea un fin querido por el legislador, lo decisivo es que el ámbito de libertad constitucionalmente protegido en el que se inserta el proyecto de vida, es objeto de una injerencia reglamentaria irrazonable al no encontrar sustento en ningún fin tutelar legítimo. --Tales argumentos expuestos por la Corte para fundar la declaración de inconstitucionalidad del art. 14.2.b de la LRT / ///-17- resultan aplicables al presente caso […] máxime teniendo en cuenta que, con posterioridad a la citada causa “MILONE”, la Corte mantuvo la doctrina allí sentada en casos -como este- de infortunios sucedidos con posterioridad a la modificación introducida por el decreto 1278/00 que incorporó, junto con la prestación complementaria de renta periódica, el beneficio de una compensación dineraria adicional de pago único (art. 11, apartado 4 de la LRT). Ello así pues entendió que, si bien por este medio se pretendió satisfacer necesidades impostergables del trabajador originadas en el infortunio laboral y traduce una mejora en la prestación originaria del sistema, la percepción del pago adicional en cuestión no deja de conculcar el derecho del beneficiario a disponer libremente de la totalidad de su crédito, según sus necesidades (CSJN in re: “Suárez Guimbard, Lourdes c. Siembra A.F.J.P. S.A.”, del 24.06.08, LL 2008-D-377).--Por lo demás, siguiendo dicha doctrina, tal inconstitucionalidad ha sido decretada por este Superior Tribunal en las causas “RUMINOT” (Se. 27 del 13.04.09), “TORRES” (Se Nº 33 del 14.05.09), “MARIN” (Se. Nº 83 del 29.06.10), entre otras, y también corresponderá declararla en la presente (conf. art. 196, 2do. párr., de la Const. Prov. y doctr. STJRN in re: “MARILLAN”, Se. Nº 100/07 del 28.11.07), por lo que la A.R.T. deberá pagar en una única vez el capital al que hace referencia el art. 15, apartado 2, de la LRT […]”. [el subrayado y el resaltado nos pertenece].

En los autos “Rivero, Carlos Nicolás c/ Grúas Martín S.R.L.”, CTrab. Córdoba, Sala 7 Unipersonal, 18/4/07, LLC, 2007 [julio], p. 624, fallo 5246) Se declaro la inconstitucionalidad del art.15, inc. 2 de la ley 24.557. En dicho fallo se sostuvo que “Si bien es cierto que el pago bajo la modalidad de renta periódica no conlleva en sí mismo una restricción del derecho de propiedad ni una afectación del proyecto de vida, cuando su implementación no se presenta como razonable en conexión con la realidad a la que es aplicada sino como limitativa de los derechos en función de la expectativa de vida del beneficiario, resulta merecedor de la tacha de inconstitucionalidad”.

“Debe declararse la inconstitucionalidad de la prestación de pago mensual del art. 15, inc. 2 de la ley 24.557 con fundamento en los arts. 14 bis, 17 y 22 de la CN por remisión a la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ordenar el pago de la indemnización de la primera norma citada en forma de pago único junto con la del art. 11, inc. 4”.

En los autos “Quesada Molina, Norma Jacquelina por sí y en representación de sus hijos menores de edad C.L.A y C.W.A y otro c/ CNA ART S.A s/ reclamo, Expte 1 CT 21407/09 del 30/11/2010 se ha citado a Ackerman cuando sostiene “el reproche que la Corte hace al apartado 2 del art. 14 es fácilmente proyectable a la regla del art. 15.2, en la que se prevé el pago de una renta vitalicia para los supuestos de ILP Total y que, por aplicación del art. 18, también corresponde en los casos de muerte” (Tratado de Derecho del Trabajo, T. VI, pág. 171) (el subrayado nos pertenece). En esos autos se ha declarado inconstitucional el art. 15.2, 18 y 19 de la ley 24557 por violar el derecho de propiedad (art. 17 CN), de igualdad (art. 16 CN) y de una justa indemnización (art. 14 bis CN).

IX -PRUEBA:

Ofrezco como prueba que hace al derecho de esta parte, la siguiente:

1- DOCUMENTAL:

-Carta Poder

-Copia certificada de matrimonio

-Copia certificada de partida de defunción

- Copia certificada del carácter de administradora judicial de la Sra Contreras.

- Pantalla de la Historia clínica (7 fs)

- Copia certificada de discapacidad expedida por el Consejo Provincial del Discapacidad de la Provincia Río Negro ( fs 4).

- Copia certificada de historia clínica expedida por el Dr Mariano Signoretta.

-Cartas documentos: enviadas con fecha 25 de agosto de 2011, 14 de febrero de 2012 y 23 de marzo de 2012/ recibidas con fecha 2 de septiembre de 2011, 23 de febrero de 2012 y 3 de abril de 2012. ( fs)

-Copia de la denuncia del accidente presentado ante la Aseguradora (2 fs).

-Nota de Horizonte Cía Argentina Seg. Grales S.A, enviadas a los derechos habientes, de fecha 8 de junio de 2011 y de fecha 12 de marzo de 2012 (7 fs).

-Nota presentada a Horizonte Cía Argentina Seg. Grales S.A, de fecha 2 de marzo de 2012 (1 fs).

2-OFICIATORIA:

- Al CORREO de la REPÚBLICA ARGENTINA Ante el supuesto que las contrarias desconociesen envíos telegráficos acompañados, solicito se libre oficio a dicha empresa a fin informe sobre los textos, fecha de emisión y de recepción, remitente y receptor del despacho telegráfico adjuntado en instrumental. –

-A OCA Ante el supuesto que las contrarias desconociesen envíos telegráficos acompañados, solicito se libre oficio a dicha empresa a fin informe sobre los textos, fecha de emisión y de recepción, remitente y receptor del despacho telegráfico adjuntado en instrumental.

-Al Ministerio de Gobierno a fin de que remita últimos seis recibos de sueldo de la Sra María Irene Antunao, DNI 10.985.645.

- Al Consejo Provincial del Discapacitado de la Provincia de Río Negro a fin de que remita documentación obrante del Sr. Alberto Contreras, D.N.I 8.213.038.

- Al Dr Mariano Signoretta (en caso de ser necesario) a fin de que se expida sobre la autenticidad del certificado presentado.

X- NOTIFICACIÓN POR TELEGRAMA :

Considerando el domicilio de la accionada, solicito se autorice a comunicarle el traslado de la demanda, mediante telegrama ley 23789, conforme lo prescripto por el art 18 ley 1504.-

XI-PETITORIO:

Por todo lo expuesto, solicito:

1- Se nos tenga por presentados, parte, en mérito de la Carta Poder que acompaño, y domicilio legal constituido.-

2- Tenga por iniciada formal demanda en contra de la accionada, con el domicilio indicado, y por los montos detallados.-

3-Tenga por agregada prueba instrumental. -

4- Ordene la notificación de demanda vía carta documento.-

5. Oportunamente, haga lugar a la acción instaurada, en todas sus partes, condenando a la demandada al pago de las sumas y conceptos reclamados, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse.-

SERÁ JUSTICIA

///Carlos de Bariloche, 21 de junio de 2012.-

---Agréguese carta poder y documental acompañada. Resérvese por Secretaría la documentación acompañada en sobre.-

---Por presentado, parte y domiciliado. Por iniciada demanda, la que tramitará conforme las normas del proceso SUMARIO (l) en formato DIGITAL y conforme acordada 01 y 02/10 del Tribunal.-

---Córrase traslado de la demanda a HORIZONTE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. por el término de 19 días, bajo apercibimiento de lo normado por el art. 30 de la ley 1.504.-

---Hágase saber a las partes que deberán denunciar dirección de correo electrónico al e-mail del Tribunal (camlabari@jusrionegro.gov.ar) a partir de su primera presentación.-

---Hágase saber a las partes que podrán presentar los escritos por mail desde su dirección "jusrionegro" con firma digital, y podrán compulsar el expediente en la página del Poder Judicial (www.jusrionegro.gov.ar) y en la terminal de consulta de mesa de entradas del Tribunal.-

---Hágase saber a la demandada que deberá proponer conciliador a los fines de que intervenga en autos, si pretende adherir al sistema de conciliación extrajudicial. Ello sin perjuicio de continuar con el trámite del proceso.-

---Asimismo, hágase saber a las partes que la prueba documental deberá acompañarse en los términos y oportunidades que marca la ley 1504 y C.P.C.C.- NOTIFIQUESE.-

---Atento lo peticionado, autorizase a notificar mediante telegrama ley. Hágase saber que conforme lo dispuesto en el inc. a) de la ley 23.789 y las últimas instrucciones que ha recibido la empresa de Correos, deberá consignarse como remitente al trabajador, quien lo suscribirá en el Correo conjuntamente con su letrado apoderado o bien este último exhibiendo la carta poder. Hágase saber a la accionada que podrá retirar las copias respectivas en el término de 5 días de recibida la carta documento, por sí misma, por apoderado o por persona simplemente autorizada por escrito. Asimismo, el término de traslado de la demanda comenzará a correr a partir del vencimiento del plazo para el retiro de copias (art. 18 de la ley 1504).-

---Hágase saber a la actora que, en caso de arrojar resultado negativo la diligencia de notificación, a los fines del libramiento de otra cédula a domicilio distinto del ya denunciado en autos, no será necesario requerir autorización previa del Tribunal.-

---Hágase saber a los letrados que deberán acompañar los respectivos bonos ley 2.897 bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de poner en conocimiento del Colegio de Abogados dicha circunstancia.-

SANTIAGO MORAN

Secretario

//TA: De haberse reservado bajo sobre Nº 23997 "A" la siguiente documentación: carta poder origina (1 fs.); copia documenta varia en 24 fs.; testimonio del Juzgado Civil Nº 1 (1 fs.); intercambio telegráfico en 6 fs..

SECRETARÍA, 21 de junio de 2012.-

SANTIAGO MORAN

Secretario

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